La Fiscalía General abrió una investigación por el pago del sueldo a funcionarios y empleados del ente investigador que recibieron estas bonificaciones pese a que participan en el paro judicial que ya cumple 60 días.
El ente acusador busca establecer si se presentó alguna falla en la cancelación de estos salarios pese a la circular emitida por la Contraloría General de la República sobre el hecho que solamente les podían pagar sus salarios a los trabajadores que prestaran un servicio.
“Resulta improcedente reconocer y pagar salarios por servicios no prestados efectivamente a la entidad, ello implicaría un enriquecimiento ilícito sin causa a favor del servidor en detrimento del patrimonio público”, precisó Camilo Burbano, asesor del despacho del Fiscal General.
Por estos hechos se le abrió investigación preliminar a la directora Ejecutiva de Administración Judicial, Celila Orostegui de Jiménez y otros directores seccionales de la Rama Judicial con el fin de determinar el por qué se presentaron estos pagos.