Un fiscal de la unidad de anticorrupción se abstuvo de pedir medida de aseguramiento en contra de tres de los implicados en el multimillonario desfalco al Hospital de Meissen ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.
En su intervención, ante la juez 17 de garantías, el representante del ente investigador argumentó que no existían elementos objetivos para pedir que dichas personas fueran cobijadas con dicha medida.
«No cuenta con elemento objetivo alguno que permita pensar o visualizar, proyectar que los aquí imputados van a entorpecer la presente actuación y que pueda llegar a considerarse obstrucción al debido ejercicio de la justicia», precisó el fiscal del caso.
Este hecho provocó una fuerte discusión por parte del representante del centro hospitalario quien manifestó que no entendía los argumentos presentados por la Fiscalía General.
“En este país los que van a la cárcel son los pobres”, de esta manera el abogado Aldemar Bustos, quien defiende los intereses del Hospital de Meissen, cuestionó la decisión de la Fiscalía.
En su intervención, el jurista manifestó que no entiende el hecho de por qué el ente acusador aseguró que no tiene elementos probatorios para solicitar la medida en contra de estas personas pese a que el exgerente del Hospital, Carlos Lizcano le imputó cinco cargos “gravísimos”.
Visiblemente molesto, el abogado manifestó que las personas investigadas por estos hechos se apropiaron irregularmente de dineros de la salud del Distrito, hecho de extrema gravedad por lo que deberían ser cobijados con medida de aseguramiento.
“Me parece que es un mensaje gravísimo para la sociedad de este país que tiene cárcel el que se roba un celular o el que en una calle de un raponazo se lleva mil pesos a un parroquiano y a ese le aplican todo el peso de la ley”, precisó el jurista.
La juez de garantías aplazó la diligencia judicial para el próximo martes 18 de septiembre, y se espera que tome una decisión sobre si cobija o no con medida de aseguramiento a los tres implicados en este caso.
Los cargos
En la diligencia judicial la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación y peculado por apropiación en modalidad de tentativa a Blanca Dora Reyes, una contratista del hospital quien habría recibido seis contratos por un valor superior a los 1.500 millones de pesos para el suministro de alimentos no perecederos.
En este caso llamó la atención la Fiscalía sobre el hecho de que dichos contratos fueron hechos de manera directa, por lo que se presentó una seria irregularidad puesto que no se hizo licitación pública como se exige.
Igualmente se indicó que la contratista elevó «considerablemente» los precios de los alimentos y elementos no perecederos, afectado así las finanzas del Hospital.
‘Hubo una alianza funesta entre la contratista y las directivas del Hospital para vender productos caros y comprarlos a exagerados precios’, manifestó el representante del ente acusador.
En el caso de la subgerente administrativa del Hospital distrital, Marlene Sierra, le fueron los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contratos si el cumplimento de los requisitos legales.
En su intervención la Fiscalía General manifestó que la mujer celebró dos contratos por un valor cada uno de 186 millones de pesos para la compra de 1.544 colchones y colchonetas, las cuales en su gran mayoría se encuentran en las bodegas del centro hospitalario.
«En este caso no se presentaron estudios técnicos para determinar la necesidad de dicha compra», precisó el fiscal anticorrupción.
La mujer, que es asesorada legalmente por el exfiscal General, Mario Iguarán, no aceptó los cargos que le imputó el ente investigador y acusador.
Por su parte la Fiscalía General le imputó al exgerente del Hospital, Carlos Lizcano los delitos de violación al régimen de incompatibilidades e inhabilidades, como autor, y a título de coautor los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros en modalidad continuada, contratos sin los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación a favor de tercero, peculado por apropiación a favor de terceros en modalidad tentada.
Durante la diligencia judicial se conoció que el médico José Félix Restrepo está negociando un preacuerdo con la Fiscalía General en la investigación que se adelanta por dichas multimillonarias contrataciones.
Así mismo, Julio Gómez Doncel, padre del polémico contratista Julio Gómez, no se presentó a la diligencia judicial puesto que registró una excusa médica. Ante esto, la Fiscalía General anunció que le imputará cargos en otra audiencia cuya fecha se definirá en los próximos días.