Álvaro Osorio Chacón, fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, dijo que no hay certeza de la responsabilidad del general (r) Iván Ramírez Quintero en la desaparición de los civiles que trabajaban en la cafetería del Palacio de Justicia durante la toma escenificada por guerrilleros del M-19 en noviembre de 1985.
Sin embargo, indicó que para el ente acusador es claro que el oficial (r), quien dirigía el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia, Coici, para la época de los hechos sí guarda responsabilidad en la desaparición de la insurgente Irma Franco, que habría sido conducida a la Casa del Florero, donde reposaba el centro de operaciones del Ejército y la Policía, para luego ser conducida a una guarnición castrense.
Así mismo, manifestó que está demostrada la responsabilidad que, por los mismos hechos, guardan los suboficiales (r) del Coici, Fernando Blanco y Gustavo Arévalo, también llamados a juicio por la retoma del Palacio. El Fiscal pidió a la Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá que condene a los tres procesados por la desaparición forzada de la guerrillera, pero que los absuelva por la de los civiles que trabajaban o permanecían en la cafetería.
El ente acusador revivió varios testimonios, entre ellos los de los estudiantes Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, que señalaron haber sido conducidos al Coici en la época de los hechos, aún cuando en las minutas de guardia no fue reportada la captura de estos ni de otros sospechosos.
Ambos resultaron ser estudiantes derecho de la Universidad Externado de Colombia que, aparentemente, fueron sometidos a un sinnúmero de torturas, pero que fueron puestos en libertad una vez se comprobaron sus identidades.
Los testimonios que frente a entes de control han ofrecidos ex agentes del Coici como Bernardo Garzón Garzón y Ricardo Gámez Mazuera retratan cómo, aparentemente, el organismo se encargaba de seguir irregularmente a varias personalidades, muchas de ellas retenidas ilegalmente y que habrían terminado siendo desaparecidas.
Gámez Mazuera entregó un informe a la Procuraduría en 1989, antes de de desertar de la fuerza castrense, en el que advierte persecuciones que desde allí se adelantaban en contra de personalidades como el abogado de las víctimas, Eduardo Umaña Mendoza, asesinado años después, y hasta el escritor Manuel Zapata Olivella; sin embargo, el documento fue desestimado como prueba por parte del entonces jefe del Ministerio Público, Alfonso Gómez Méndez.
Garzón Garzón también dio cuenta de la supuesta desaparición de varios militantes de las hoy desmovilizadas fuerzas insurgentes del EPL y el M-19, entre ellos la activista Nidia Érika Bautista; todos protagonizados por el Coici, otrora denominado como el Batallón Charry Solano y terminó siendo bautizado como la Brigada XX.
En agosto pasado un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos le solicitó a la Dijín de la Policía que solicitara la expedición de una circular roja por parte de la Interpol, debido a la creciente necesidad que Sargento (r) esclareciera las supuestas violaciones a derechos humanos cometidas por el Coici.
Entre tanto, el defensor del General (r) Quintero, John Fernando Vásquez, insiste en que su cliente ni siquiera estuvo presente en el lugar de los hechos durante la retoma del Palacio de Justicia y alega que los testimonios que supuestamente lo incriminan en las desapariciones o bien se muestran inconsistentes o no han sido acopiados dentro del juicio.
Señala que la declaración de testigos como Édgar Villamizar nisiquiera corresponden en su identificación, pues figura en el expediente como Édgar Villareal, por cuanto se ha puesto en duda su existencia.