La Fiscalía pidió que los uniformados sean procesados por los delitos de concierto para delinquir; homicidio agravado y desaparición forzada.Adicional, a los dos oficiales se les imputa falsedad en documento público, por alterar los reportes entregados.
Sin embargo, los uniformados no aceptaron ninguno de los cargos imputados por la Fiscalía.
La audiencia inicial se realiza a seis militares implicados en la desaparición de Fair Leonardo Porras, un joven que presentaba problemas cognitivos, y que fue presentado como un extorsionista abatido en un combate en Ocaña, Norte de Santander.
"A los soldados los felicitaron por la muerte de un NN de los tantos que aparecieron en esa región", señaló el Fiscal Emilio Alberto Vargas Gil.
Según el funcionario, el 12 de enero de 2008 la fuerza pública presentó un organigrama que señalaba la muerte de Porras de la siguiente manera "fue dado de baja un narcoterrista (NN) al parecer al servicio de bandas criminales, en operativos de la vereda el Tabaco".
Y es que por la muerte de los N.N no sólo se felicitaba a los militares, además se les otorgaban permisos y cursos en el exterior, según se conoció en la exposición del organismo investigador, que además reveló que por este caso en específico se canceló $200 mil para reclutar al jóven, dinero que salió de fondos propios del Ejército.
"Algunas veces estos fondos eran aportados por los mismos militares, con este dinero se cubría el traslado de las víctimas, el reclutamiento y hasta las armas que se les dejaban en la escena para relacionarlos con grupos ilegales", agregó el Fiscal.
Y continúa: "había todo un acuerdo previo para conseguir las víctimas y para dar los resultados", por esta razón se imputó el delito de concierto para delinquir.
Según relató la Fiscalía, desde Ocaña se giraba dinero para cubrir los gastos de las víctimas y sus reclutadores.
"Los transportaban y eran recibidos por los militares, ellos lo llevaban a una vivienda donde un familiar de Dayro José Palomino (militar adscrito a una Brigada en Ocaña) los controlaba hasta el día del falso combate", dijo.
Según el Fiscal, las víctimas pasaban por un supuesto control de las autoridades donde los despojaban de sus documentos y después eran asesinados.
¿Justicia Penal Militar?
La defensa de los judicializados pidió al inicio de la diligencia que el Juez Fernando Sarmiento se declarará incompetente para llevar el caso.
Según manifestaron los abogados, el caso debería ser llevado por la justicia penal Militar, porque en el marco de la presunción de inocencia, el hecho por el que están vinculados los uniformados, tiene que ver con un combate del cual no se ha demostrado que no existió.
Sin embargo, el juez señaló que "no se puede presentar este tipo de recursos sin justificar las razones de fondo que argumentan porque en este caso sí hay fuero militar", por lo que el recurso no prosperó.
Por su parte el representante de la Fiscalía señaló que ya la Corte había reiterado que este tipo de procesos tienen que estar en poder de la justicia ordinaria.
"La Justicia Penal Militar tiene competencia cuando existe un vínculo entre el desarrollo legitimo de su función y el delito", agregó.
Estos militares pertenecen a guarniciones militares de Norte de Santander, departamento donde aparecieron muertos la mayoría de los desaparecidos de Soacha y presentados como muertos en combate.
La diligencia se inició a las 9: 50 de la mañana y comparecen seis de los 49: Richard Ramiro Contreras (soldado profesional); Ricardo Garcia (soldado profesional); Carlos Antonio Zapata Roldán (soldado profesional); Diego Vargas (teniente); Marco Wilsón Quijano (mayor) y Carlos Manuel Gonzáles (cabo primero).