La Fiscalía General le imputará cargos a dos personas por su presunta participación en la alteración del orden público en el marco de las marchas que se adelantan en el Catatumbo.
El ente investigador identificó a los implicados en los desordenes registrados el pasado 11 de junio en el municipio de Tibú y en los que fue incendiado el Palacio de Justicia y otros inmuebles.
Después de una investigación y la recolección de pruebas testimoniales se pudo identificar a los dos responsables quienes tendrán que responder por los delitos de terrorismo, incendio, obstrucción a vías públicas y daño en bien ajeno simple y agravado.
En los últimos días fueron cobijados con medida de aseguramiento tres personas quienes fueron capturadas en flagrancias portando artefactos explosivos artesanales en el marco de las marchas realizadas en el municipio de Ocaña el pasado 15 de junio.
Al evidenciarse la capacidad destructiva de tales artefactos la Fiscalía le imputó el delito de porte de explosivos.
Otras investigaciones
En referencia a los ataques a los agentes de la Policía Nacional, la Fiscalía les imputó cargos a seis personas por el delito de violencia contra servidor público.
El ente investigador creó un grupo élite de investigación conformado por expertos en balística, homicidios, derechos humanos y topografía para investigar la muerte de cuatro campesinos al parecer por parte de miembros de la Fuerza Pública en hechos registrados el 22 y el 25 de junio de 2013 en Ocaña.
Los primeros resultados de estas indagaciones han arrojado que tres de los cuatro homicidios fueron causados con proyectiles de armas de fuego de alta velocidad, lo que resulta consistente con el uso de armas automáticas o semiautomáticas tipo fusil; en relación con el caso restante, fue necesario realizar la exhumación para esclarecer los vacíos de la necropsia realizada por el médico rural.
Igualmente, se ordenó la apertura de cerca de siete noticias criminales por hechos relacionados con la incineración de diferentes muebles e inmuebles de propiedad de empresas del sector petrolero, así como de la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander (Coponor) en hechos ocurridos en el municipio de Tibú en el transcurso de este mes.
La Fiscalía sigue además investigando la presunta infiltración de grupos armados ilegales en las protestas que ya cumplen un mes.