La placa está ubicada en un sector estratégico del búnker de la Fiscalía en Bogotá: a la entrada del edificio en el cual trabajan los fiscales de antiterrorismo, lavado de activos, derechos humanos, justicia y paz, antinárcoticos y la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
El 18 de enero de 1989, grupos paramilitares ultimaron a 12 miembros de la comisión judicial que investigaba otra masacre que estremeció al país: la de 19 comerciantes, también perpetrada por grupos de autodefensa en el Magdalena Medio tres años atrás. Por estos hechos el Estado colombiano aceptó su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió perdón a los familiares de las víctimas.
El día de la masacre, por lo menos 40 miembros del grupo paramilitar Los Masetos, con la cooperación y aquiescencia de agentes del Estado, inicialmente retuvieron a dos jueces de instrucción criminal, dos secretarios de juzgado y once miembros del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial (CTPJ). Minutos después, doce de ellos fueron ejecutados. El objetivo: evitar a toda costa la judicialización de cualquier miembro de las Auc por la masacre de los 19 comerciantes, por la cual también fue condenado internacionalmente el Estado colombiano.
Precisamente, una de las recomendaciones del tribunal internacional para garantizar una verdadera reparación fue la configuración de una placa recordatoria en la que se condensaran los trágicos hechos que tuvieron lugar hace 19 años y en la que se les rindiera un sentido tributo a estos 12 funcionarios que cayeron en medio de esa sangrienta confrontación que desataron los paramilitares en el Magdalena Medio a mediados de los años 80.
El fiscal Mario Iguarán recordó la masacre y sostuvo que esta placa busca que la frágil memoria de los colombianos no pase por alto uno de los hechos que marcaron de alguna manera la espiral de violencia que azotó a Colombia en los últimos 20 años.