El vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo aseguró que se respeta y acata la condena emitida por la asamblea general de la Guardia Indígena que el pasado domingo condenó a 60 y 40 años de prisión a cinco guerrilleros de las Farc que participaron en el crimen de dos indígenas que se negaron a montar vallas alusivas al abatido máximo comandante de dicho grupo guerrillero, alias ‘Alfonso Cano’.
“La Fiscalía General de la Nación reconoce todo este tipo de decisiones, como la que en esta oportunidad tomó la jurisdicción indígena”, aseguró Perdomo al asegurar que en la Constitución Política de Colombia está establecida esta competencia, avalada por sentencias de la Corte Constitucional y tratados internacionales.
Para el Vicefiscal General la Carta Política garantiza la autonomía e independencia de la jurisdicción indígena en materia penal, esto sí la acción se establece en los límites señalados por la misma Constitución. “La persona sobre la que versó el presunto delito, sea una persona de la comunidad o cuando se trate de un hecho que tenga que ver con los temas indígenas”.
En el juicio los dos menores de edad fueron condenados a 20 fuetazos, y su traslado a un centro de resocialización que será determinado en los próximos días. Cuando cumplan la mayoría de edad se adelantará una nueva asamblea individual con el fin de determinar si son sentenciados a prisión. (Ver Expectativa por juicio indígena a presuntos miembros de las Farc por muerte de nativos)
Los condenados podrían ser trasladado a la cárcel San Isidro en la ciudad de Popayán, la cual es manejada por el Inpec, y existe un pabellón especial para la custodia y vigilancia por parte de los indígenas. (Ver Dos indígenas asesinados por negarse a la instalación de pancartas de las Farc)
Igualmente se determinó que las armas incautadas a los siete guerrilleros, quienes fueron capturados el pasado jueves por la propia guardia indígena, serán destruidas. Entre el armamento se encuentran fusiles, un revolver, una pistola, cuatro uniformes de camuflado y tres chalecos.
La Asamblea General se adelantó en el Centro de Educación Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad (Cecidic), resguardo indígena San Francisco, y contó con el apoyo de representantes y legales de los Gobernadores de los Cabildos, la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas.