Aunque el nuevo fiscal Néstor Humberto Martínez no se ha posesionado todavía, en su despacho ya hay un expediente para su revisión. Se trata del principio de oportunidad que la Fiscalía le ofreció a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, directivos del Fondo Premium de Interbolsa, para que, a cambio de que entregaran información, se suspendiera el proceso penal en su contra por el delito de captación masiva y habitual de dinero. La revisión fue pedida por el abogado de las víctimas del descalabro bursátil quien aseguró que se trataba de una negociación que traería toda al impunidad al proceso.
Según el abogado Mauricio Pava, representante de las víctimas, los líderes de Interbolsa “no han sido ni van a ser responsabilizados patrimonialmente, ni repararán a las víctimas directas en los hechos. Por ejemplo, en el caso del BBVA, la entidad no participa de la reparación que ha sido anunciada. Eso, a mi modo de ver, deja claro que estaríamos ante una impunidad”.
La fiscal del caso, Alexandra Ladino, explicó que “se le corrió traslado para que tenga él (refiriéndose a Néstor Humberto Martínez) la oportunidad de revisarlo y poder garantizar los derechos de las víctimas”, aunque la semana pasada había defendido que el principio firmado con los dos empresarios era fundamental en el proceso penal que se adelanta por los hechos que rodearon el descalabro bursátil de la comisionista de bolsa en diciembre de 2014, y que no era por ningún motivo un trato para darles impunidad. Además, la fiscal Ladino recordó que tanto Jaramillo como Ortiz ya fueron condenados tras aceptar su participación en los delitos de concierto para delinquir, estafa y manipulación fraudulenta de especie. El monto de la condena se conocerá el próximo 7 de septiembre, y tendrá una rebaja del 50% pues ambos aceptaron cargos en la audiencia de imputación.
En el principio de oportunidad, que ha sido fuertemente cuestionado por las víctimas que lo califican como impune, se establece la necesidad de entregar información sobre las operaciones irregulares que se adelantaron en InterBolsa y las sociedades en el exterior que fueron conformadas para ocultar el dinero invertido de manera fraudulenta.
Mientras el proceso judicial avanza, la Superintendencia de Sociedades hace su trabajo para reparar a las más de 1.000 víctimas que dejó el escándalo bursátil. Se calcula que se captaron de manera ilegal por lo menos $350 mil millones.