Ante la emergencia que vive el país por la propagación del COVID-19 y el anuncio de aislamiento obligatorio en todo el país entre el 24 de marzo y el 27 de abril de 2020, algunas reuniones y decisiones tomadas por entidades del estado se han volcado a la virtualidad. El Comité de Evaluación de Riegos (CERREM) que organiza la Unidad Nacional de Protección (UNP), no fue la excepción. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), sin embargo, se quedó por fuera del Comité. (Ver carta de la UNP)
La FLIP denunció lo ocurrido por sus redes sociales, la UNP reconsideró lo dicho y los volvió a invitar al Comité. Sin embargo, lo ocurrido dejó incertidumbres en la Fundación y en su director, Pedro Vacca, quien habló con El Espectador sobre el tema y por qué tendría consecuencias importantes en la seguridad de los periodistas.
Expliquémosle a la gente qué es el CERREM
Este es el Comité de Evaluación de Riegos. En este espacio es donde se emite la resolución, es decir, este es el espacio donde se recoge la información y se decide si a este periodista se le va a dar este tipo de protección. Entonces se le pide al director de la UNP que mediante una resolución emita unas medidas de protección. Esta es la instancia que toma la decisión con base en la información previamente considerada.
¿Qué papel cumple la FLIP en este comité?
La FLIP no toma decisiones. Lo que hacemos es poner a disposición una información que puede ser relevante. Y así el mensaje que estamos recibiendo desde hace tiempo es como que el Estado no está tan interesado en esta información.
(En cotexto: 15 casos de agresiones a la prensa en 2019 documentados por la FLIP)
¿Cuál es la importancia de que la FLIP haga parte del CERREM?
Cuando un caso llega a CERREM ha tenido ya unas etapas previas donde la UNP recoge información, pero esa información o puede estar incompleta o desactualizada o no tener algunos elementos claves para la disminución del riesgo. Como los procesos son tan largos, cuando un periodista va a la UNP para que le hagan un estudio de riesgo en enero y como el caso no llega al CERREM sino hasta mayo, la información que llega a esta instancia es la de enero y el hecho de que exista la participación de las organizaciones de la sociedad civil permite una actualización de la misma información que maneja el Estado. Esa es la importancia de la participación, pero también yo creo que es un acto de transparencia.
¿Cuáles son los mayores temores al empezar a limitar la participación a estos espacios?
Si hay algo que es muy útil para la toma de estas decisiones es que la documentación e incluso la cercanía que tiene un periodista regional en las organizaciones es bien distinta a la confianza que tienen los periodistas con las organizaciones estatales. Nosotros tenemos mejor leído el riesgo en región que lo tienen leído las entidades del Gobierno. Así como la UNP reaccionó en cuestión de horas contra la amenza a los periodistas de RCN Radio, pasa que hay periodista del Guaviare, periodistas del Putumayo que, si piden protección y al no estar tan en el radar del riesgo de las autoridades, son decisiones que toman mucho más tiempo y que se majean con otra ligereza.
¿Desde hace cuánto venia participando la FLIP en este evento?
Nosotros estábamos participando en esta instancia desde el año 2000, de distintas formas porque el procedimiento ha cambiado.
¿En qué afecta este tipo de decisiones al programa de protección en Colombia?
Si hay algo que se ha valorado muy bien al sistema de protección a periodistas en Colombia es la participación de la sociedad civil, pero últimamente hemos sentido que nos están bloqueando. No es un bloqueo a la FLIP particularmente, sino un bloqueo a los objetivos del programa de protección.
¿Qué tipo de irregularidades se han presentado en los CERREM virtuales?
La situación de emergencia también ha afectado el CERREM y se está haciendo de manera virtual. Este es un espacio creado por la ley y es un espacio que debe tener una convocatoria y una información suficiente. Lo que ha venido pasando en las ultimas citaciones al CERREM es que lo convocan, después nos mandan notificación que se cancela; después se dice que el CERREM se hizo sin nosotros y después se vuelve a convocar sin nosotros. Ahí hay una resistencia a cumplir con el mandato legal.
¿Qué ha pasado luego de su denuncia a la exclusión?
El obstáculo viene desde la secretaria técnica, que es la UNP. Cuando nosotros denunciamos públicamente esta situación entonces ahí sí nos llamaron para que participáramos. Aquí estamos hablando de algo muy serio y es la seguridad de los periodistas y no se debe jugar como Estado en términos de convocar, cancelar, hacerlo, después decir que no, que sí están invitados.
¿Esto tiene alguna relación con la emergencia por el COVID-19?
Creo que se está aprovechando la emergencia del coronavirus para ser poco serios con la legitimidad de una participación de la sociedad civil en estos comités.
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¿Qué significa para el periodismo en el país esta decisión?
Colombia es un país donde todavía hay periodistas en riesgo donde esos riesgos se acentúan en regiones y este es un procedimiento valioso porque creemos que ha salvado vidas.
Eso, en términos de la seguridad de los periodistas, ¿en qué se traduce?
El hecho que existan estas restricciones a la participación es que es algo que va en contra de la seguridad de los periodistas, va en contra de la transparencia que debe tener cualquier tipo de protección a personas en Colombia. Pero también va en contra de la efectividad con la que las autoridades toman decisiones.
¿Por qué creen que los excluyeron?
Podemos tener algunas hipótesis, aunque eso es algo que debería responder la UNP. La primera es que se trate de un proceso que trata de ser más efectivos con el CERREM y hacerlo más operativo en sacrificio de la calidad. Pueden hacer un CERREM por WhatsApp donde todo mundo mande un dedito arriba y así se toman las decisiones. La otra, puede ser que se esté queriendo excluir deliberadamente a la sociedad civil porque se están tomando unas decisiones que no se quieren dar a conocer. Siendo una o sea la otra, lo cierto es que la falta de seriedad no le hace bien al sistema de protección.
¿Cuáles serian las consecuencias de esta decisión?
En la medida en que no haya una participación externa para incidir entonces podrían empezar a pasar cosas que uno o quiere. Podría empezar a ocurrir que se tomen decisiones para darle o no darle protección a un periodista en riesgo sin que alguien externo pueda, al menos, opinar; podría pasar algo, que en el pasado ya ha ocurrido, que se le dé protección a personas que ni siquiera son periodistas; podría pasar que se renueven medidas de protección a periodistas que están en lugares en donde no hay tanto riesgo; podría pasar que se desestime el riesgo en las regiones.
Nota del editor: Después de la publicación de esta entrevista, el director de Unidad Nacional de Protección, Daniel Andrés Palacios, envió la sigiente carta: