Las sucesivas denuncias sobre el desorden administrativo, presunto despilfarro de dineros del erario y, en general, un carrusel de contratación aún por establecer en Fondelibertad —entidad adscrita al Ministerio de Defensa, cuya función es proveer recursos para la prevención y la lucha contra el secuestro— rebosaron la copa del gobierno Santos, que anunció la intervención de la entidad y no descarta su liquidación.
En las últimas dos semanas Noticias Caracol ha develado informes de auditoría, contratos, análisis contables y documentos de Fondelibertad en donde quedó evidencia que unos $76 mil millones que debían tener como destino la lucha contra el secuestro y atender a las víctimas de este flagelo fueron a parar a otras partes. Así quedó consignado en un reporte del propio Ministerio de Defensa al evaluar las ejecuciones presupuestales de los últimos tres años.
Sólo como ejemplo del orden de los gastos de Fondelibertad, se lee en un informe del pasado 5 de noviembre que para su presupuesto del próximo año le pidió al Gobierno un monto de $51.450 millones, de los cuales “$48.726 millones estaban destinados a gastos generales y rubros de adquisición de bienes y servicios”.
En otras palabras, contratos. Como una bola de nieve el escándalo revelado por Noticias Caracol y Caracol Radio tocó las fibras del Ejecutivo y ayer el secretario general del Ministerio de Defensa, Luis Manuel Neira, sugirió que el Fondo podría ser liquidado y sus funciones asumidas por otros organismos de la Fuerza Pública.
Hace dos días Harlan Henao, director de Fondelibertad entre 2007 y 2010, presentó su renuncia como coordinador de planeación de Acción Social en virtud de la magnitud del escándalo, pero aún no ha entregado su versión a la justicia o a los medios.
Y es que las denuncias son graves. Por ejemplo, su sucesor en Fondelibertad, el general Gustavo Rincón, pidió una auditoría que puso al descubierto que durante el año 2009 se realizaron contratos por casi $17.000 millones y nueve de cada 10 de éstos se adjudicaron de manera directa, otros sin el lleno de los requisitos o a un mismo grupo familiar, como fue el caso de la dimitente directora del CTI Marilú Méndez, cuyo hijo, hermana y ex esposo recibieron contratos por $286 millones. Además, según Noticias Caracol, Méndez recomendó a Fondelibertad a Fares Limitada, una empresa sin experiencia y en la que ella aparecía como conferencista, a la que le dieron contratos por más de $400 millones.
No es todo. Se critica en un sinnúmero de documentos que Fondelibertad no ejecutó adecuadamente procesos de registro de bienes entregados o decomisados por el Estado que están deteriorándose, al igual que compras o reparaciones de vehículos que no fueron puestos a disposición de las entidades que los requerían. Igualmente, el arrendamiento de parqueaderos por un monto superior a los contratos anteriores, con un aumento porcentual significativo. En ese contexto se cuestionan contratos con la firma Codispar y Daytona. Fue tal el estado del desorden que el Gobierno se vio obligado a intervenir, Henao y Marilú Méndez a renunciar y Fondelibertad a punto de ser liquidado.
En otro documento más se constata que equipos por un valor de $680 millones adquiridos por Fondelibertad y entregados a los Gaulas del Ejército resultaron inservibles; y en otro reporte quedan serias dudas sobre el manejo del suministro de gasolina que autoriza la entidad a los Gaula. Y como si fuera poco, trascendió que el alto consejero para las comunicaciones del gobierno Santos, Juan Mesa, también recibió contratos de Fondelibertad en desarrollo de unas asesorías publicitarias. Al final de la tarde de ayer Marilú Méndez, en rueda de prensa, dio sus explicaciones sobre el escándalo y dijo que todo se hizo cumpliendo los requisitos que exige la ley.
Con todo, serán las autoridades las que determinen y les pongan nombres y apellidos a los responsables del episodio de Fondelibertad.