La Fiscalía General de la Nación deberá continuar materializando los reemplazos en más de 2 mil cargos, tras el concurso efectuado en 2007 y cuyos resultados sólo empezaron a hacerse efectivos cerca de tres años después, luego de que la Sección Tercera del Consejo de Estado negara las pretensiones de una demanda presentada en contra de ese acto administrativo.
El accionante pretendía que se declarara la nulidad parcial del Acuerdo 001 de junio de 2006, a través del cual la Comisión Nacional de Administración de la Carrera del ente acusador dispuso el reglamento del concurso de mérito mediante el cual los aspirantes obtuvieron el derecho a los nombramientos.
En el escrito de su demanda, el ciudadano consideró que esta normativa violaba los principios de legalidad y de publicidad, de mérito y de igualdad de oportunidades, pues no era lo suficientemente clara y amplia como para considerar que los aspirantes, a priori, estaban plenamente conscientes de las condiciones del concurso.
No obstante, el Consejo de Estado consideró que no le asistía razón al accionante y ratificó no sólo la plena legalidad del concurso de mérito sino el reconocimiento pleno de las condiciones que sobre las cuales se iba desarrollando el proceso, sin vulnerar en manera alguna la igualdad de condiciones que tendrían los aspirantes para competir por los cargos.
Aclaró además que la Ley le otorga a la Fiscalía, tanto como a otras entidades del Estado, la facultad plena de elaborar su propio reglamento interno, y de ahí el origen legítimo del organismo creado por ese ente judicial para limitar las bases del concurso.