La abogada Myriam Pachón, quien defiende los intereses de la familia del joven grafitero, Diego Felipe Becerra, indicó que fracasó la audiencia de conciliación citada por la Procuraduría con los representantes del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
La jurista indicó que los abogados de la contraparte solicitaron el aplazamiento al considerar que hacían falta unas pruebas dentro de la demanda de responsabilidad administrativa radicada contra la Nación por el crimen del joven de 16 años quien recibió un disparo mortal por parte de un patrullero de la Policía Metropolitana el 19 de agosto de 2011 en hechos que son materia de investigación.
Sin embargo la abogada llamó la atención sobre el hecho de que en la corta diligencia solamente se hizo mención al dinero exigido como indemnización y no se habló de los temas más importantes que son «el restablecimiento del buen nombre y la honra de Diego Felipe Becerra Lizarazo».
«Se centraron y se fijaron únicamente en la parte económica cuando resulta que esta no es la pretensión principal. Lo que nos interesa es limpiar el nombre de Diego Felipe y que todos los años la Policía recuerde que se deben proteger los derechos humanos«, precisó.
Pachón indicó que la demanda está fijada en 5.600 millones de pesos y los puntos principales de esta es «que salga el general Francisco Patiño y la Policía en una ceremonia especial y digan que Diego Felipe Becerra y sus compañeros no cometieron ningún hurto en esa buseta, que no son delincuentes».
La jurista indicó que este hecho debe ser un acto de reflexión para todos los policías del país, y que los uniformados dejen esas actitudes violentas, «porque una persona este pintando un grafiti en una pared no los pueden ir matando. La bandera de Diego Felipe Becerra es que la Policía cambie o mejore».
La jurista llamó la atención sobre el hecho de que el abogado del patrullero de Wilmer Antonio Alarcón sí hizo presencia en esta diligencia pese a que hace pocos días se excusó para hacer asistir en la audiencia preparatoria en el proceso que se adelanta por el delito de homicidio.
«La verdad es que aquí parece que no fueran abogados de las personas sino de las Instituciones», precisó la abogada quien indicó que en repetidas oportunidades se ha solicitado una investigación disciplinaria en contra del abogado.
La diligencia de conciliación fue reprogramada para el próximo 5 de octubre.