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Funcionarios del Gobierno investigados por ‘chuzadas’ dicen estar extrañados

César Mauricio Velásquez, Jorge Mario Eastman Robledo y Bernardo Moreno, bajo pesquisas de la Procuraduría.

15 de mayo de 2009 - 02:11 p. m.
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“Hemos recibido con respeto pero con extrañeza los requerimientos del señor Procurador. Como siempre, estamos prestos, listos para ir allí”, según el comunicado dado a conocer desde la Casa de Nariño. “Creemos en las instituciones colombianas, creemos en la justicia, y este Gobierno como siempre quiere que, con transparencia y claridad, este asunto quede clarificado de cara a la ciudadanía”, agrega.

Su pronunciamiento se dio luego de que la Procuraduría General de la Nación les abriera investigación por el caso de las interceptaciones ilegales a varias personalidades del país. El Ministerio Público abrió investigación disciplinaria contra Bernardo Moreno Villegas, secretario General de la Presidencia; César Mauricio Velásquez, secretario de Prensa de Palacio y Jorge Mario Eastman Robledo, asesor presidencial.

La medida también cobija a los ex directores del DAS Andrés Peñate y Jorge Aurelio Noguera Cotes y  a José Miguel Narváez, ex director de Inteligencia y al ex sub Director del Departamento Administrativo de Seguridad. También a Mario Alejandro Aranguren Rincón, director Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-.

"Estos funcionarios de la Presidencia de la República, el DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- deberán rendir las explicaciones por la presunta ilegalidad de interceptaciones telefónicas y seguimientos efectuados por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, a varias personalidades del país, entre ellos, magistrados, periodistas, parlamentarios y miembros de la Fuerza Pública", señala el comunicado oficial de la Procuraduría.

Estas personas serán escuchadas en versión libre después que se iniciará investigación sobre el caso el pasado 22 de abril. Además, la Procuraduría General determinó abrir indagación preliminar contra funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, por la filtración de información de la investigación penal que sobre las interceptaciones ilegales se adelanta y que han llegado a manos de varios medios de comunicación.

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