José Rozo Millán será investigado formalmente por la Procuraduría General de la Nación, frente a las presuntas irregularidades que rodearon la celebración de un contrato destinado al desarrollo del proyecto regional de gas natural.
Al parecer, el jefe de la administración departamental no contrató la interventoría oportunamente, en el marco de las exigencias del convenio de cofinanciación establecido por la Gobernación con una empresa de servicios públicos.
Según la Procuraduría, las demoras en la celebración del convenio afectaron la entrega a título de aporte del subsidio los recursos recibidos por el departamento de Boyacá del Fondo Nacional de Regalías dentro del proyecto, lo que también sugiere la presunta responsabilidad del secretario de Minas y Energía, José Ignacio Montero Cruz, también objeto dela formulación de pliego de cargos.
La indagación arrojó que, a pesar de que la administración había adquirido el compromiso para convocar la interventoría mediante un acuerdo celebrado desde el 31 de diciembre de 2008, sólo hasta 24 de noviembre de 2009 publicó la invitación a los potenciales licitantes.
Según el Ministerio Público, aparentemente, la Gobernación no tuvo en cuenta la especialidad, complejidad e importancia de un proyecto tan trascendental para los boyacenses como lo era el del gas natural.
Además de los traumatismos que este retraso generó en todo el programa, sostuvo la Procuraduría, la Gobernación tampoco tuvo en cuenta estudios previos de conveniencia y necesidad frente a la interventoría.