El gobernador de Boyacá, José Rozo Millán, desmintió ante la Procuraduría General de la Nación, ser responsable de las irregularidades que rodearon la celebración del contrato destinado al desarrollo del proyecto regional de gas natural.
En audiencia celebrada este martes en la sede del Ministerio Público, el Delegado ante el Consejo de Estado Fernando Brito decretó la práctica de varias pruebas solicitadas por la dfensa del dirigente, que intenta desvirtuar la motivación del juicio disciplinario iniciado en su contra.
Al parecer, el jefe de la administración departamental no contrató la interventoría oportunamente, en el marco de las exigencias del convenio de cofinanciación establecido por la Gobernación con una empresa de servicios públicos.
Según la Procuraduría, las demoras en la celebración del convenio afectaron la entrega a título de aporte del subsidio los recursos recibidos por el departamento de Boyacá del Fondo Nacional de Regalías dentro del proyecto, lo que también sugiere la presunta responsabilidad del secretario de Minas y Energía, José Ignacio Montero Cruz, también objeto dela formulación de pliego de cargos.
La indagación arrojó que, a pesar de que la administración había adquirido el compromiso para convocar la interventoría mediante un acuerdo celebrado desde el 31 de diciembre de 2008, sólo hasta 24 de noviembre de 2009 publicó la invitación a los potenciales licitantes.
Según el Ministerio Público, aparentemente, la Gobernación no tuvo en cuenta la especialidad, complejidad e importancia de un proyecto tan trascendental para los boyacenses como lo era el del gas natural.
Además de los traumatismos que este retraso generó en todo el programa, sostuvo la Procuraduría, la Gobernación tampoco tuvo en cuenta estudios previos de conveniencia y necesidad frente a la interventoría.