La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en contra del gobernador del Tolima, Óscar Barreto en el marco del proceso que se le adelanta por las irregularidades que rodearon la ejecución del convenio Andrés Bello para fortalecer la educación en el departamento. La Fiscalía General le imputó los delitos de prevaricato por omisión, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
El magistrado del caso, con control de función de garantías, señaló que el convenio materia de anális jurídico se firmó en una administración pasada, hecho por el cual el actual mandatario departmental no tuvo influencia alguna en su celebración y en su ejecución. «Los medios de conocimiento aportados por la Fiscalía no suministran fundamento para una inferencia razonable de autoría o participación en los delitos imputados y por ese motivo se abstiene de imponer medida de aseguramiento».
Sin embargo, el magistrado ordenó la captura inmediata del exgobernador del Tolima, Fernando Osorio Cuenca para que cumpla la medida de aseguramiento en su domicilio. El exmandatario se declaró inocente de los delitos de prevaricato por omisión, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
El contrato 336 firmado entre la gobernación de Fernando Osorio Cuenca el Convenio Andrés Bello (Secab) en el 2007 por un valor superior a los 1.200 millones de pesos tenía como objetivo la dotación de infraestructura tecnológica para instituciones educativas en el Tolima. Sin embargo, según la Fiscalía los objetivos del mismo nunca se cumplieron.
El convenio establecía la entrega de sillas e impresoras a varios institutos en el departamento. Igualmente fijaba la capacitación a rectores y directores de los centros. Pero ni los elementos ni las capacitaciones se realizaron, prueba de esto los testimonios de varios rectores que señalaron que nunca recibieron lo prometido.
En la audiencia de imputación el ente acusador las irregularidades que encontró la Fiscalía frente a este contrato se encuentra “que la suscripción del convenio sin los requisitos legales, por otra parte a través de esos contratos lo que se hizo fue apropiarse a favor de terceros de recursos estatales, además, con ocasión de esas irregularidades en función de liquidación de ese contrato se cometió el delito de prevaricato por omisión”. Es decir, con el convenio se beneficiaron unos pocos.
Los objetivos nunca se cumplieron, como detalla la investigación de la Fiscalía General. Para el ente acusador cuando se tomó la decisión de liquidarlo en noviembre de 2006 no se intentó proteger los recursos de la Gobernación. En este sentido asegura que el Gobernador actuó en contravía del principio de “economía” puesto que no hizo un estudio jurídico de las consecuencias que traería esta acción al patrimonio del departamento.
Señaló además no se verificaron los requisitos legales, y por ejemplo no se registró que la Secab había incumplido en algunos aspectos (…) No se hizo un balance técnico y jurídico, por lo que el gobernador Óscar Barreto desconoció los principios de contratación estatal”. Para el ente investigador el mandatario fue en contravía de los principios de contratación en este tipo de casos.