Estas dos decisiones fueron expedidas en el último día de la emergencia que el gobierno declaró en noviembre pasado, ante la grave alteración del orden social que provocaba la desbordada proliferación de actividades financieras irregulares, sin la debida autorización oficial, dice el ministerio de Interior y Justicia.
El ministro de Interior y Justicia, Fabio valencia Cossio indicó que fueron otorgadas facultades a los agentes interventores para que presenten con cero impuestos las declaraciones de renta de las empresas intervenidas.
"De esta manera el Estado no les va a cobrar impuestos en beneficio de los damnificados", dijo el funcionario.
El Gobierno asumirá los gastos que generen las intervenciones de las empresas que captaban ilegalmente. De esta manera, el Ejecutivo asume los costos de la administración general de esos negocios intervenidos.
Explicó que los agentes interventores asumirán competencias judiciales para que declaren nulidades de contratos simulados, mediante un debido proceso.
Los terceros que tengan bienes pertenecientes a empresas conformadas para captación ilegal de dinero del público pueden entregarlos directamente a los agentes interventores. De esta manera, los bienes que fueron adquiridos mediante testaferros pueden ingresar para respaldar devolución de dineros sin esperar el trámite de extinción de dominio, dice el boletín del ministerio del Interior y Justicia.
"La emergencia social fue definitiva. Se logró frenar el proceso de estafa colectiva que se llevaba a cabo con las pirámides, que carcomían a la sociedad colombiana y estafaban a mucha gente incauta. Se intervinieron las empresas ilegales, se están administrando los recursos para salvaguardar los intereses de los ciudadanos que fueron engañados. Los últimos decretos dictador ayer, agilizan el proceso para que rápidamente sean devueltos a los damnificados los recursos que entregaron hasta el momento y de acuerdo con el procedimiento establecido", explicó el ministro Fabio Valencia Cossio.