En una audiencia pública presidida por los magistrados Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y Manuel José Cepeda, la Corte planteó la necesidad de implementar políticas que le aseguren a la población desplazada una atención prioritaria y especial, según el tipo de la discapacidad.
En dicha audiencia participaron representantes del Gobierno, la Organización Panamericana de la Salud, la Acnur y ONG, entre otras entidades.
Las cifras de desplazados y discapacitados registrados por el Gobierno son 15.400, mientras que el Dane ha contabilizado 24.252.
Al terminar la audiencia, el Gobierno se comprometió a revisar los registros de desplazados y discapacitados, con el propósito de brindarles a todos los servicios que requieran, de acuerdo a su condición.
Adicionalmente, el Ministerio de Educación se comprometió a brindar cupos en las ciudades a los docentes víctimas del desplazamiento forzado.
Algunas de las víctimas de desplazamiento presentes, relataron sus historias y pidieron atención ante las difíciles condiciones que enfrentan.