Ante la Corte Constitucional fue presentado el plan financiero preparado por el Gobierno para garantizar la debida atención a toda la población en materia de desplazamiento durante los últimos diez años, lo que para el Ejecutivo constituye el principal argumento de su solicitud al alto tribunal para que levante el Estado de cosas inconstitucional.
El director de Acción Social, Diego Molano, dijo que ya están terminadas todas las tareas señaladas por el alto tribunal para asegurar la debida atención a este tipo de población, sobre todo si se tiene en cuenta el creciente esfuerzo presupuestal
"El Gobierno, a través de Acción Social, pidió a la Sala Plena que nos diera la posibilidad de una sesión en donde le presentáramos de una forma resumida el informe que va a presentar el Gobierno Nacional, solicitando la superación del Estado de cosas inconstitucional en materia de atención a la población desplazada", sostuvo.
Señaló que no hay que olvidar que fue en la administración de Álvaro Uribe donde se pasó de invertir 120.000 millones de pesos a entregar montos que han superado el billón de pesos, más de 10 billones en los últimos ocho años.
Molano dijo que es evidente que hay mucho por hacer, pero que ya están cumplidos los compromisos asumidos tras la sentencia T-025 de 2004, a través de la cual la Corte declaró el estado de coas inconstitucional en materia de atención a desplazados.
El funcionario considera que el hecho de que se hayan redimensionado las políticas al respecto y de que ya se cuente con un plan financiero concreto demuestra que el Gobierno ya está sintonía con este compromiso y que, por lo tanto, se debe levantar la declaratoria de inconstitucionalidad.