A las siete y 19 minutos de la mañana del lunes 27 de noviembre, cuatro minutos después de haber decolado del Puente Aéreo del aeropuerto El Dorado en Bogotá, un Boeing 727 de la empresa Avianca que emprendía su ruta hacia Cali con 107 ocupantes a bordo, misteriosamente explotó en el aire y causó la muerte a todos los miembros de la tripulación y los pasajeros. El avión de matrícula HK 1803, que se encontraba en perfectas condiciones de aeronavegabilidad y que había pernoctado en los hangares de la empresa desde la noche anterior, partió sin novedad hacia la capital del Valle del Cauca con seis tripulantes y 101 pasajeros cuando los relojes de la torre de control marcaban las siete y 13 de la mañana. Las condiciones de vuelo eran normales y el piloto de la aeronave, capitán José Ignacio Ossa, se reportó dos minutos después para informar que se encontraba en posición VOR sobre el faro de control de Techo. Después se perdió todo contacto. Segundos más tarde se fragmentó en pedazos. Los cuerpos destrozados de los ocupantes de la aeronave y los componentes del aparato quedaron esparcidos en un radio de cinco kilómetros sobre el cerro Canoas, localizado en inmediaciones del municipio de Soacha (Cundinamarca), al sur occidente de Bogotá.
Lo que vino después nunca podrá ser olvidado. Sobre una ladera escarpada cubierta de niebla y matorrales, perteneciente a la inspección de El Charquito, quedó trazado un horizonte de horror y de barbarie. Hierros retorcidos, pedazos de lata, trozos de fuselaje, girones de vestidos, papeles desperdigados y, diseminados entre la maleza o en los restos humeantes de la aeronave, los cuerpos mutilados de 107 colombianos, víctimas inocentes. Más desolador aún, cuando empezaron a arribar al sitio del desastre las brigadas del Cuerpo de Carabineros de la Policía, la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, con la esperanza de encontrar sobrevivientes de la explosión, un centenar de insensibles merodeadores provistos de costales o bolsos, sigilosamente mezclados entre los socorristas como acuciosos voluntarios, a imagen y semejanza de carroñeros buitres se dedicaron a saquear los cadáveres. Carteras, dinero, pulseras, relojes, anillos, cuanto objeto de valor cayó en sus manos se deslizó en sus bolsillos o en sus mezquinos fardos. Cuando la Policía intervino para frenar el desorden, ya la mano rapaz de los saqueadores huía precipitadamente de la explanada llevándose consigo equipajes completos con prendas y documentos.
A esa hora, la noticia del siniestro aéreo ya se había tomado las emisoras y, por la proximidad del lugar a Bogotá, a las brigadas de socorristas y autoridades se fueron sumando decenas de comunicadores, curiosos y familiares de los pasajeros del HK 1803. Fue necesario que un nutrido destacamento de la Policía de Cundinamarca tendiera un estrecho cerco sobre el lugar de la tragedia para restringir el masivo acceso de personas. Un silencio aterrador imperó en el desolado cerro, súbitamente interrumpido por gritos y sollozos de quienes iban encontrando los cuerpos despedazados de sus deudos. Al cabo de pocas horas, el cuadro no podía ser más espantoso: sobre un deshabitado valle de arbustos y vegetación plana, envueltos en bolsas negras de polietileno, uno a uno se fueron apilando los cadáveres. Muy pocos pudieron ser reconocidos por sus familiares, la mayoría de los restos mortales fueron remitidos a Medicina Legal para cotejarlos con cartas dentales. Pero el hallazgo de algunos documentos o de singulares pertenencias, no dejó duda de la identidad de muchas víctimas. Para 107 hogares de Colombia aquel fue un noviembre funesto y se sacrificaron valiosas vidas que infortunadamente esa mañana madrugaron a cumplir una cita con la muerte.
El reconocido tenor Gerardo Arellano que ese lunes tenía previsto llegar a Cali y luego desplazarse a Buga para cantar en la misa del vigésimo aniversario de la muerte de su padre. El ejecutivo de Colgate Alfredo Azuero, quien ese fin de semana repartió las tarjetas de invitación a su matrimonio previsto para el 15 de diciembre. El prestigioso biólogo alemán Henry Von Prahl Bauer, quien acababa de ser condecorado como miembro de la Sociedad Colombiana de Ciencias. El técnico de Electrolux Gonzalo Coatiz, cuyos ancianos padres con rostros descompuestos acudieron al cerro Canoas para ratificar su desgracia. El copiloto de la aeronave Fernando Pizarro, cuyo padre también piloto, se abrió paso entre los escombros y con admirable valor reconoció a los miembros de la tripulación y rescató el cuerpo sin vida de su hijo del amasijo de chatarra en que quedó convertida la cabina de mando. El arquitecto Andrés Escavín, quien viajaba a Cali a recibir un premio por uno de sus trabajos. El coordinador del proyecto para la infancia y la mujer del Ministerio de Comunicaciones Ricardo Ponce de León, el asesor presidencial Andrés Felipe Alameda… 107 inocentes muertos en el "Vuelo Final", como irónicamente titulaba un libro escrito por Stephen Coonts, hallado también entre los escombros.
Al tiempo que el dolor colectivo sobrecogía a Colombia, especialmente a la sociedad vallecaucana, las autoridades civiles y aeronáuticas emprendieron la "exhaustiva investigación" para esclarecer las causas del siniestro. Aunque los expertos no descartaron una fatiga de material, un escape de combustible, exceso de fricción o la despresurización del aparato, dos novedades hicieron presagiar que se trataba de un acto de sabotaje con manos criminales. En primer término, las extrañas llamadas telefónicas que desconocidos hicieron a varios medios de comunicación minutos después del accidente, reivindicando la acción a nombre de Los Extraditables y, en segundo término, las declaraciones de ocasionales testigos que vieron cómo el avión se fragmentó después de dos explosiones. En particular, varios empleados de la planta eléctrica del Muña III, próxima a la inspección de El Charquito, así lo ratificaron. Inicialmente vino un estallido pequeño seguido de una columna de humo blanco procedente del motor izquierdo de la aeronave y, segundos más tarde, una violenta detonación que generó una enorme bola de fuego y prácticamente el avión se despedazó en el aire. Los restos de la aeronave y de sus ocupantes quedaron esparcidos en un área de muerte.
La Dirección de la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana, apoyadas por especialistas de la Federación de Aviación Norteamericana, la Oficina de Seguridad del Transporte Aéreo y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), reforzaron las averiguaciones sobre seis escenarios de trabajo: la hoja de vida del avión, el estudio del recorrido que cumplió la aeronave desde su despegue en Bogotá, el examen general de la caja negra que fue recuperada entre los escombros del fuselaje, el análisis discriminado del Voice Recorder y el Flight Recorder para evaluar aspectos de velocidad y altitud del avión, la inspección técnica de los fragmentos del aparato trasladados a los hangares de Avianca y la posibilidad de un atentado. Mientras dos inspectores de la Aeronáutica Civil y dos funcionarios de la empresa Avianca viajaban a Estados Unidos a poner en manos de la International Transport Board la caja negra y otros elementos recaudados en el sitio del siniestro, las autoridades judiciales en Colombia tomaron atenta nota de un informe periodístico de El Espectador, según el cual en las horas previas al accidente aéreo del lunes 27 de noviembre, se había presentado una extraña situación en el aeropuerto El Dorado que podría arrojar luces sobre la hipótesis del sabotaje.
Según el reporte, acogido y ampliado por otros medios de comunicación, en la tarde del domingo 26 de noviembre, un ciudadano que se identificó como Julio Santodomingo acudió al Puente Aéreo y, pagando en efectivo, compró dos tiquetes aéreos a Cali. El primero a su nombre y el segundo para un viajero identificado como Alberto Prieto. Al día siguiente, a primera hora se presentó la misma persona, registró su tiquete sin equipaje y recibió su pasabordo con asignación en la silla 15-F. Luego pidió que la silla 15-E fuera reservada a Prieto. Después apareció el segundo pasajero, tampoco registró equipaje y al obtener su pasabordo insistió en que Santodomingo quedara ubicado en la silla contigua. Ambas personas ingresaron a la sala de espera, pero al momento del último llamado para abordar el HK1803, el pasajero Santodomingo, argumentando un inconveniente de última hora devolvió el pasabordo y se retiró de la sala. El avión despegó con la silla 15-F vacía y a los cuatro minutos explotó en el aire. Cuando las autoridades evaluaron este raro episodio comprobaron otra inconsistencia: el comprador de los tiquetes dio como referencia un número telefónico asignado a una casa del barrio Kennedy donde dijeron no conocerlo.
Cinco días después de la divulgación del informe periodístico, cuando aún se especulaba sobre su validez, en un comunicado conjunto de Avianca y la National Transportation Safety Board, la Federal Aviation Administration, el FBI y la Comisión de Expertos Antiterroristas de la Embajada de Estados Unidos, se concluyó como "evidencia inconfundible" que el siniestro aéreo fue provocado por el uso de un artefacto explosivo de naturaleza química desconocida que detonó en la cabina de pasajeros, "posiblemente en el área del piso, a la altura de la silla 15-F". Y añadió que la explosión del artefacto causó fallas estructurales como la abertura del tanque 2 y la inundación de la cabina, hecho que provocó la ignición del combustible y la correspondiente explosión. El violento estallido afectó las vías estructurales central y derecha de la aeronave y el desprendimiento total del ala derecha. Un contundente diagnóstico que fue confirmado horas más tarde por el director de la Aeronáutica Civil, Yezid Castaño utilizando una expresión menos técnica: "Yo entendía que este tipo de actos sólo ocurrían en países donde existen fuertes odios por cuestiones religiosas o étnicas, pero ocurrió en Colombia y fue un atentado terrorista".
Nueve años después, en una diligencia de aceptación de cargos ante la Fiscalía de Medellín, el narcoterrorista Carlos Mario Alzate Urquijo lo confesó sin tapujos ante el ente investigador: "El atentado iba dirigido contra el entonces candidato a la Presidencia, César Gaviria Trujillo, sin importar el riesgo de los demás pasajeros, sólo que falló la información que solía tenerse del DAS (…) Fue ordenado por Pablo Escobar Gaviria, contando con la aquiescencia de Gonzalo Rodríguez Gacha y otros jefes mafiosos, con quienes habían sostenido varias reuniones en el Magdalena Medio (…) Se hizo con la intervención de Darío Usma Cano, alias Memín, encargado de la compra del pasaje y de la introducción al aeropuerto del llamado Suizo, el mentecato adiestrado para viajar con un maletín ejecutivo, al que se le había hecho una adaptación con un mecanismo propio para que al manipularlo, apretando un obturador, estallase el explosivo que llevaba adentro, cuando a éste se le había hecho creer que se trataba de una grabadora (…) El explosivo utilizado fue semtex, conocido en Europa y ampliamente utilizado por la ETA española". En otras palabras, un atentado terrorista de proporciones atroces contra 107 colombianos que no tenían que ver con la guerra terrorista.
La confirmación del sabotaje causó revuelo. Demasiado lejos habían llegado Los Extraditables. La noticia le daba la vuelta al mundo con estremecedores detalles. La justicia empezó a buscar al individuo de tez blanca y mejillas sonrosadas que compró los tiquetes a nombre de Julio Santodomingo y Alberto Prieto. Pero del personaje no volvió a saberse nunca, como tampoco de la forma en que se activó el explosivo. El pasajero de la silla 15-E murió en el atentado sin saber que fue cómplice de su propia muerte. La caja negra reveló que 15 minutos antes del despegue, una auxiliar de vuelo advirtió sobre el pasajero que nunca abordó. Como medida de seguridad, en adelante la Aeronáutica Civil ordenó exigir el documento de identidad a todos los viajeros. Ecos de una primicia que paradójicamente resultó tan impactante como efímera. Capaz de opacar la mala nueva del asesinato del juez Bernardo Jaramillo Uribe en Medellín, cuando investigaba la mano narcoparamilitar en la masacre de Segovia y el magnicidio del comandante de la Policía Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero, pero a su vez superada en horror y en estupor orbital por otro atentado narcoterrorista que en menos de 24 horas sacudió a Colombia.
A las siete y 33 de la mañana del miércoles 6 de diciembre, cuando decenas de transeúntes, empleados públicos y privados, funcionarios judiciales, agentes de inteligencia, comerciantes o vendedores ambulantes emprendían su jornada matinal por el congestionado sector comprendido entre las calles 18 y 19 y las carreras 27 a 30 del centro occidente de Bogotá, una violenta detonación, calificada por los expertos como una "minibomba atómica", seguida por una onda explosiva de arrasador poder, demolió todo cuanto encontró a su paso. Al menos 500 kilos de dinamita gelatinosa técnicamente dispuestos en un bus Chevrolet rojo, modelo 1986, reventaron junto al costado oriental de la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y, provocando destrozos en tres kilómetros a la redonda, causaron la muerte a más de medio centenar de personas y heridas al menos a 600 más. El impacto estremeció a la ciudad y segundos después el horizonte visual no podía ser peor: la zona quedó devastada, un inmenso cráter de cuatro metros de profundidad dejó secuela del lesivo detonante, una enorme columna de humo agigantó el entorno del aire enrarecido y el área colindante al edificio del DAS legó a la posteridad la imagen que sólo produce un terremoto.