Como una “maraña defraudatoria”, así calificó el fiscal Néstor Humberto Martínez una red en la ciudad de Valledupar (Cesar), dedicada a ofrecer servicios para adelantar pensiones a través de la certificación de invalidez por enfermedades mentales. Según explicó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, los abogados se dedicaban a contactar a los usuarios y ofrecerles el servicio mediante el que se podían beneficiar de ese tipo de pensiones de invalidez.
“Esto es una modalidad inédita, que no cabría en el pensamiento de ningún colombiano de bien. Es un mecanismo que ha surgido en una región del país y que tiende a extenderse a otras regiones, en donde mediante la declaratoria de locura o de demencia de los trabajadores, se les consigue pensiones de invalidez con unos esquemas defraudatorios que involucran también, seguros de crédito en unas operaciones que valen miles de millones de pesos”, añadió el fiscal.
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Martínez explicó que existió una defraudación al sistema bancario a través de esta misma modalidad, debido a que esos mismos usuarios pedían créditos bancarios por sumas que oscilan los $500 y $800 millones. Posteriormente, estos falsos beneficiarios se amparaban en los seguros crediticios que cubren los riesgos por invalidez, para no pagar la deuda adquirida y quedarse con la totalidad del dinero.
La Fiscalía ya tiene identificados 550 casos en la ciudad de Valledupar, en donde 400 personas ya habrían sido beneficiadas con la pensión y 150 se encontrarían en trámite. La red vendría operando desde 2011 con lo que la defraudación al sistema pensional podría superar los $90 mil millones, sólo en esta región.
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“El país no puede permitir que se sigan robando el sistema pensional en medio de la indiferencia de las autoridades y de las instituciones que ejercen el monopolio de la acción criminal, en este caso la Fiscalía General de la Nación”, aseguró Martínez.
Entre los capturados se encuentran tres abogados, cuatro médicos, una psicóloga y dos intermediaros. Varios de ellos hacían parte de la Junta de Calificación Regional Cesar. A través de diversos documentos, interceptaciones, operaciones en cubierta y material electrónico, las autoridades pudieron identificar esta red dedicada al desfalco de las pensiones en el Cesar.
El fiscal Martínez añadió que otra de las pruebas que se tuvo en cuenta para la identificación del caso fueron las diversas actividades laborales y comerciales de los beneficiarios, ya que estos las desempeñan de manera habitual, por lo que se determinó que no tenían ninguna enfermedad mental.
Los capturados serán procesados por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y peculado por apropiación. La Fiscalía anunció que ya se encuentra investigando a varios funcionarios al interior de Colpensiones que serían cómplices de este grupo dedicado al desfalco de la entidad.