El abogado Julio Cesar Ortiz, quien defiende los intereses jurídicos del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego manifestó que su cliente no cuenta con las garantías jurídicas en el proceso que se le adelanta en la Procuraduría General por las irregularidades que rodearon la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en Bogotá.
Considera que es inadmisible que sea el Procurador General el que resuelva el recurso de reposición interpuesto en contra de la sanción emitida por la Sala Disciplinaria en contra del mandatario distrital, más aún si se tiene en cuenta que fue el mismo Ordóñez Maldonado quien asumió la «vocería institucional» del fallo pues fue la persona que dio a conocer a esta decisión ante los medios de comunicación. (Ver Las razones de Petro para recusar a Ordóñez y su solicitud al Senado)
Por esta razón presentó una recusación en contra de Ordóñez Maldonado, al mismo tiempo que pidió el nombramiento de un procurador ad hoc para que tome una decisión de fondo sobre el recurso de reposición que fue radicado el pasado 31 de diciembre. “Llegamos al convencimiento de que hay un propósito institucional del Procurador General de destituir y sacar a toda costa al señor Petro de la Alcaldía”, precisó el jurista en diálogo con Caracol Radio.
En este sentido indicó que en el proceso, el órgano de control disciplinario le negó una serie de pruebas testimoniales y documentales importantes, entre las que se encuentran los estudios hechos por la Universidad Nacional de Colombia sobre el impacto ambiental del modelo de aseo. “Consideramos que existe una predisposición ideológica y procesal para sacar a Gustavo Petro de su cargo. Es un verdadero atentado constitucional el que ha elaborado el Procurador General para deshacerse de un adversario político e ideológico del sector que representa en la vida nacional”.
El abogado manifestó además que es hora de revisar las facultades del Procurador General y establecer un superior jerárquico que funja como segunda instancia y garantizando así el debido proceso, ya que en este caso se presentaron varias irregularidades por lo que además la recusación fue enviada en contra de la Viceprocuradora General y los miembros de la Sala Disciplinaria.