Este viernes, ante un juez de Bogotá, los hermanos Sara Luz y Carlos Ernesto Jiménez, investigados por supuestamente haber hecho parte de la organización que compraba sufragios para que Aída Merlano llegara al Congreso de la República, no aceptaron los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y corrupción al sufragante. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía los capturó el pasado miércoles en Barranquilla y Bogotá. (Lea también: Capturados dos hermanos en relación con el caso de Aída Merlano)
Inmediatamente fueron trasladados a Bogotá y, ante un juez de Bogotá, el ente investigador expuso desde este jueves aquellos acontecimientos por los cuales están siendo procesados. En el caso de Sara Luz, la Fiscalía explicó que tenía acceso a funcionarios de la Registraduría para obtener bases de datos de los ciudadanos que aspiraban a participar en las elecciones al Congreso el pasado 11 de marzo. Las bases de datos las habría obtenido antes de la jornada electoral.
Esta sociedad, que de acuerdo con las investigaciones la encabezaba la misma Merlano, contaba con un departamento de sistemas encomendado de manejar información sensible guardada en computadores, administrar bases de datos, incluidos los datos de las personas que participaban en dicha agrupación, para captar la mayor información posible tanto de la organización como de la ciudadanía. En esta dependencia habría pertenecido Sara Luz.
Pero también, mencionó la Fiscalía, hizo parte del departamento administrativo, encargado de dirigir temas relacionados con pagos a los votantes y los miembros de la organización, suscripción de leras de cambio, entre otras funciones. “Tenía la labor de verificar las casas de apoyo (inmuebles cercanos a los puestos de votación) para verificar que efectivamente el votante sufragara”, precisó el ente investigador. (En contexto:El testimonio que hundió a Aída Merlano en la Corte Suprema)
En el caso del abogado Carlos Ernesto Jiménez, el fiscal delegado explicó que su función era ocultar aquellas pruebas, documentos y evidencias, que comprometieran a los miembros de la organización ante las autoridades. Por ejemplo, la Fiscalía mencionó que Francisco Rafael Palencia Borrero, delator de la supuesta sociedad de Merlano, fue amenazado por el penalista. “Un día (Jiménez) sacó un arma y le dijo (a Francisco Rafael) que leyera un expediente y lo firmara, y así lo hizo”, dijo el fiscal quien agregó: “porque, aunque Carlos Jiménez no le puso la pistola en la cabeza al testigo, al poner el arma en la mesa se estaba intimidando al testigo para que firmara una declaración falsa”.
Merlano, por su parte, recibió este viernes una noticia en su contra: la Procuraduría demandó su investidura ante el Consejo de Estado. La congresista está detenida en la cárcel El Buen Pastor por orden de la Corte Suprema. El alto tribunal la investiga por los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir.