Ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá -con función de control de garantías- la Fiscalía General le imputó cargos al exfiscal Róbinson Sanabria por suplantar al jefe del ente investigador, Eduardo Montealegre Lynnet para evitar una inspección judicial.
Según la investigación Sanabria, quien fungía como jefe de la Unidad Nacional para la investigación de funcionarios judiciales (Unijuf) le pidió al director Nacional del CTI, Julián Quintana que la inspección en Cartagena, que se iba adelantar el 1 de diciembre de 2014, se debía suspender.
En este sentido le señaló a Quintana que la orden había sido emitida por el propio Fiscal General, presentando para esto un documento firmado por Montealegre. Debido a esto el trámite judicial en la capital de Bolívar nunca se pudo adelantar. Tendrá que responder por el delito de fraude procesal.
El exfuncionario tendrá que responder por presuntamente haber beneficiado al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano en un expediente en el que era mencionado por estos hechos de corrupción administrativa. En este sentido fue denunciado por una de las testigos que aseguró que fue presionado para cambiar su testimonio contra el togado.
La testigo fue pieza clave en la investigación contra esta red delincuencial que buscaba beneficiar penalmente a diferentes investigados y procesados para direccionar a los despachos judiciales que tenían que resolver sus solicitudes de libertad y traslados a centros carcelarios y penitenciarios.