Tras una lucha de las comunidades indígenas del Chocó y las grandes empresas mineras que pretendían explotar sus terrenos, el Tribunal Superior de Antioquia tomó una decisión histórica que garantiza los derechos de los habitantes del resguardo Embera Katio del Alto Andaguéda.
Son 50 mil las hectáreas, las que por orden del tribunal, regresan a manos de los indígenas que además han sido víctimas constantes de la violencia, ya sea por parte de grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales y narcotraficantes, e incluso sufrieron –según la sentencia- el desbordamiento de las funciones del Ejército.
El fallo advierte que debido a esta situación de vulnerabilidad, esta comunidad indígena fue desplazada a los centros urbanos de Bogotá y Medellín, donde se acrecentó su situación de miseria.
A pesar de que el resguardo fue formalizado ante el Incora en diciembre de 1979, desde 2008 el Gobierno nacional empezó “una intensa concesión de títulos mineros en áreas que traslapan con la del resguardo indígena (…) entrega el 62% del resguardo (31.000 hectáreas) a firmas como LEO SOM; Anglogold Ashanti; Exploraciones Chocó Colombia; Costa SOM; EL Molino ASOM; Sociedad Gongora Som; Anglogold American Colombia; Capricornio SOM; Negocios Mineros SA Enoc Efrain Maturana Rivas y Óscar Andrés Hortua”, dice el fallo.
La sentencia ordena a las entidades del orden, nacional, departamental y municipal garantizar el retorno de las comunidades desplazadas; mientras que a la Autoridad Minera y ambiental le exige diagnosticar cada uno de los proyectos de explotación de recursos natural dentro del resguardo, ordena declarara la inexistencia y la nulidad de los títulos mineros dentro del resguardo. Así como también exige negar las solicitudes de nuevas concesiones.
También ordena prorrogar las medidas cautelares para proteger a las comunidades, así como también exige presentar un plan de protección de los líderes de las comunidades de esa zona.
El fallo ordena a la Unidad de Víctimas y de Restitución de Tierras caracterizar las afectaciones sufridas por las comunidades dentro de los próximos 6 meses y que en ese mismo lapso sean restituidas las propiedades de las comunidades.
En lo que va de la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras en Colombia, hasta ahora se habían devuelto a sus legítimos propietarios un total de 30 mil hectáreas.