En fallo de primera instancia la Procuraduría General inhabilitó por tres meses para ejercer cargos públicos a la exsubsecretaria de Movilidad de Bogotá, Luz Ángela Martínez Bravo por exigir el aumento en la expedición comparendos en la capital de la República a un grupo de oficiales de la Policía de Tránsito en una reunión celebrada el 24 de julio de 2014.
En la sanción disciplinaria la Procuraduría General consideró que se presentó una extralimitación de las funciones por parte de Martínez Bravo, por lo que la falta fue calificada grave a título de dolo. El Ministerio Público le dio validez a los testimonios de un grupo de oficiales de la policía de tránsito que aseguraron que se sintieron presionados.
En este punto se aclara que no tenía la facultad para pedirle a los uniformados que se tomarán las medidas dirigidas a aumentar el número de comparendos por día. En los audios revelados por La FM, y los cuales fueron la base de esta investigación, la entonces funcionaria presión a los policías para que se emitieran más multas de tránsito con el fin de conseguir más recursos.
A dicha reunión fueron citados el Comandante Operativo de Tránsito de Bogotá, los Mayores Gilberto Pulido y José Fernando Monsalve y otros funcionarios de la Secretaria de Movilidad para solicitar el aumento de la imposición de comparendos diarios a los conducrtores de vehículos en Bogotá.
Como forma de presión, en dicha reunión se les planteó la posibilidad de “incorporar guías de tránsito para apoyar la labor por ellos desempeñada, teniendo en cuenta la disminución de las sanciones impuestas”; además, la funcionaria investigada ya tenía previsto un proyecto de decreto o resolución el cual les entregó.
Para la Procuraduría General con su actuación se afectó la imagen de la Policía de Tránsito y del Distrito, puesto que causó gran indignación esta situación luego de su revelación en los medios de comunicación. Ante esto se calificó como “reprochable” el actuar de la funcionaria ya que no tenía la facultar para hacer ese tipo de exigencias.
A esto se le suma la amenaza que habría hecho para acabar la Policía de Tránsito de Bogotá si no se obtenían los recursos –producto de los comparendos- en un plazo predeterminado. Para eso los policías tenían que aumentar diariamente en 2.500 los comparendos en toda la ciudad, por lo que se utilizó la figura del “punto de equilibrio” para aumentar el número de fotomultas por mes.
«Aquí lo que nos interesa es el billete para Bogotá, porque el tema del recaudo es el que finalmente nos sostiene porque es toda la plata que ingresa a Movilidad. Es un tema de recaudo, que debería estar separado del tema del servicio», señala uno de los apartes de la grabación revelada por los medios de grabación.
En este sentido se señala que se orientó la aplicación de las políticas y procedimientos en materia de imposición y cobreo de cartera de multa. La defensa de la exfuncionaria presentó recurso de apelación en contra de la sanción disciplinaria.