La decisión de la Fiscalía, se basó en la falta de pruebas en contra del Gobernador que al parecer, se habría favorecido en la votación, durante las elecciones regionales.
La Corte había pedido a la Fiscalía iniciar una investigación formal en contra de Ramos, sustentada en la declaración de un testigo que vinculó el nombre del dirigente político antioqueño con grupos de autodefensas.