“Lo que se presentó fue un defecto en el software que administraba la base de datos de los recobros, que aparentemente no permitía identificar si un cheque girado para el pago de un recobro ya había sido entregado al prestador”. Esta es una de las más polémicas frases contenidas en el primer interrogatorio que rindió el controvertido expresidente de Saludcoop Carlos Gustavo Palacino ante la Fiscalía. Esta diligencia se realizó para que explicara su participación en el tema de recobros irregulares que habría tramitado la EPS a través de la firma Esteban Cobo S.A.S.
Palacino también soltó frases en las que dio a entender que las irregularidades nada tuvieron que ver con su despacho, ya que no tenía la “capacidad” ni “injerencia” en el manejo de temas de tesorería. En pocas palabras, le manifestó a la Fiscalía que en temas relacionados con las finanzas de la entidad se entendieran con el exvicepresidente financiero Mauricio Sabogal y con la extesorera Andrea Guarnizo, quienes supuestamente impartían las directrices en el área. Agregó que “jamás se dio una instrucción para que se procediera a girar los cheques con el fin de modificar indicadores de solvencia (…) tampoco me consta que ninguna persona de la entidad haya impartido instrucciones”.
El Espectador conoció en detalle los interrogatorios que rindieron Palacino —el pasado 12 de septiembre— y Sabogal —los días 15 de agosto y 5 de septiembre de este año— en el marco de la investigación penal que se adelanta por el recobro irregular de más de 15.000 facturas entre 2009 y 2010 ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Según los cálculos, el monto de los recobros era de $33.484 millones, que correspondían a cuentas pendientes por servicios prestados que no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). La tesis de la Fiscalía es que la EPS giraba cheques que en los registros aparecían como cancelados a favor de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), pero en realidad terminaban guardados en cajas fuertes porque no podían ser cancelados debido a que sus finanzas estaban en rojo.
El ente investigador dice que estas actuaciones tenían tres propósitos. El primero era hacerles creer a las autoridades que las cuentas de Saludcoop estaban perfectas; el segundo era obtener por parte del Fosyga, al engañarlo, cheques supuestamente cancelados para obtener recobros; y el tercero, generar un incremento patrimonial ilegal a través de estas actividades y que era dividido entre la EPS y la firma Esteban Cobo. A pesar de que este no es el proceso más grande por defraudación a la salud que se adelanta en contra de los exdirectivos, la Fiscalía sostiene que esta situación terminó siendo el reflejo de años de perversas administraciones que llevaron a la entidad, al parecer, a maquillar sus cuentas para que la Superintendencia de Salud creyera que tenían solvencia económica y liquidez.
Todo el escándalo terminó por destaparse el 12 de mayo de 2011, cuando el imperio de Saludcoop se vino a pique tras la intervención de la Supersalud por el supuesto desvío de recursos parafiscales que terminaron enriqueciendo los bolsillos de terceros. Los organismos de control encendieron las alarmas y comenzaron las respectivas investigaciones. Mientras la Procuraduría encontró responsable a once directivos de la EPS —Palacino fue inhabilitado por 18 años y Sabogal absuelto— por el giro masivo de cheques que nunca fueron pagados pero sí presentados como sustento para tramitar los recobros ante el Fosyga, la Contraloría tasó el daño fiscal en $1,4 billones.
Manipulación de contabilidades y compras e inversiones con recursos del sistema de seguridad social que nada tenían que ver con la salud fueron algunas de las irregularidades que pusieron en riesgo la salud de más de cuatro millones de personas que estaban afiliadas a la entidad. Fue entonces cuando arreciaron las críticas contra la Fiscalía por su falta de rigor en las investigaciones o su excesiva lentitud en el caso Saludcoop. En este escenario la excontralora Sandra Morelli acusó sin rodeos a Eduardo Montealegre de favorecer a su excliente Palacino y reveló que el hoy fiscal recibió de la EPS $5.000 millones por concepto de asesorías jurídicas.
Esto desencadenó una pelea de titanes, ya que Montealegre aseguró que jamás recibió dineros de Saludcoop siendo fiscal general y que, además, se había declarado impedido para conocer detalle alguno de las investigaciones que adelantaba la Fiscalía contra la EPS. Al margen de las acusaciones entre bando y bando, hoy la excontralora huye de la justicia por un proceso penal que le abrió la Fiscalía. El caso de Morelli, para varios sectores del país, evidenciaría una especie de revancha del fiscal después de que ella denunciara los vínculos de Saludcoop con Montealegre.
Sin embargo, El Espectador conoció que son alrededor de ocho procesos penales los que tiene la Fiscalía en curso contra Saludcoop y sus exdirectivos. Uno de los frentes investigativos es el tema del posible enriquecimiento ilícito que obtuvo Palacino gracias a los recursos de la salud mientras fue presidente de la EPS. El fiscal del caso está ad portas de llamar a 122 personas —entre particulares, socios y representantes legales de algunas empresas— para que expliquen sus vínculos comerciales con Palacino y su núcleo familiar, ya que existen indicios de que sus hijos no pueden justificar su extenso patrimonio debido a su corta edad. En el radar de estas pesquisas está el excurador de Bogotá Jaime Eduardo Barrero, quien tiene firmas de construcción y además, al parecer, cuando fue funcionario le permitió a Saludcoop construir la polémica clínica ubicada en la autopista Norte.
Otro de los procesos es el del uso irregular de los parafiscales que obtenía Saludcoop. Asimismo, indagan cómo la EPS organizaba su contabilidad para estructurar negocios del conglomerado —algunas de sus sociedades al parecer eran de papel— empresarial o la venta irregular de IPS, como clínicas y centros de salud, que fueron creadas con recursos de la salud y luego vendidas a personas naturales por precios irrisorios. Otra arista en la que actúa el ente investigador es cómo las EPS del Grupo Saludcoop —Cruz Blanca, Cafesalud y Saludcoop— habrían utilizado nombres de personas muertas para inflar sus cifras de usuarios y así recibir más capital por parte del Gobierno.
También rastrea el origen de los dineros que dieron vida a los polémicos proyectos de construcción de la Ciudadela Salud y del Hospital Internacional de Alta Tecnología, que al parecer resultaron ser $10.000 millones que provenían de recursos parafiscales que no se podían utilizar para estos fines. Pero el proceso que con mayor cautela adelanta la Fiscalía es la investigación contra exfuncionarios de la Contraloría que en 2009 habrían recibido dádivas a cambio de elaborar un informe que beneficiara a la EPS y desvirtuara los señalamientos que había hecho la Supersalud sobre el desvío de más de $606.000 millones. En la mira está Eduardo Mora, quien fue el jefe del grupo del organismo de control encargado de realizar el documento. Según los investigadores, Mora terminó trabajando como asesor de Saludcoop a través de interpuestas personas.
La estrategia de la Fiscalía es terminar de armar el rompecabezas y empezar a llamar a los implicados para que respondan por su supuesta participación. Es por esto que en el tema de los recobros, el expediente más avanzado, se logró que por primera vez Palacino, Sabogal y otros altos mandos de Saludcoop empezaran a rendir cuentas. Por lo complejo del tema relacionado con los giros de los cheques cancelados con sellos presuntamente falsos, el expresidente y el exvicepresidente relataron que sus actuaciones se ampararon en las normativas vigentes para acreditar sus actuaciones. Por ejemplo, Mauricio Sabogal precisó que los sobregiros de cheques no fueron una idea suya, que al contrario, era una política vieja de la EPS que buscaba agilizar procesos de pago en tesorería y que no buscaba afectar los estados financieros para generar solvencia.
“La presidencia (de Saludcoop) no estaba en capacidad de actuar directamente en los procesos relacionados con la gestión de recobros”; “no tenía incidencia directa en el manejo de las operaciones de tesorería, normalmente la tenía el vicepresidente financiero, Mauricio Sabogal, y posiblemente, para esa época, la tesorera Andrea Guarnizo”; “el giro de cheques no se hacía con el fin de modificar estados financieros”. Estos fueron algunos de los argumentos de Palacino ante la Fiscalía. En pocas palabras hizo hincapié en que nada tuvo que ver con las decisiones administrativas en el giro de cheques, la cancelación de los mismos y la realización de los recobros. En este último asunto puntualizó en que Esteban Cobo S.A.S. era el encargado de verificar la legalidad de todo el trámite, como lo habían esclarecido en su contrato.
Sabogal, por su parte, agregó en varias oportunidades que no hay razón para que él conozca los pormenores de los informes financieros que se entregaron a la Supersalud, ya que según él, para el 30 de diciembre de 2010 y el primer semestre de 2011 ya no era vicepresidente financiero —estuvo en el cargo desde el 24 de octubre de 2005 hasta el 20 de diciembre de 2010—, sino que estaba encargado de la Vicepresidencia Comercial. Asimismo, indicó: “jamás conocí que se estuviera recobrando de manera irregular al Fosyga servicios médicos No POS”. También aseguró que si en estos momentos existen facturas sin pagar, los responsables son los actuales interventores de Saludcoop, “puesto que se conoce que han recibido el respectivo pago del Fosyga (y) luego de tres años se están negando a pagar las facturas a los proveedores”.
Sin embargo, a pesar de que todos los exfuncionarios de Saludcoop manifestaron que nunca se impartió una directriz de girar cheques para hacer creer que la empresa tenía solvencia, la extesorera durante la época de los hechos, Andrea Guarnizo, indicó que desde octubre de 2009, cuando la empresa tenía problemas de liquidez, Sabogal dio la orden de emitir cheques. La idea era consignarlos a medida que se obtenían los recursos, priorizando el pago de las facturas más vencidas. Pero el testimonio que más pone contra las cuerdas a los exdirectivos es el de Yobanna Chalarca Malagón, quien trabajó en la Tesorería y reveló que en mayo de 2010 la EPS no tenía recursos para pagar las deudas. Añadió que Guarnizo dio la orden de pagar primero a los médicos y empresas pequeñas y que a las IPS les dieran bonos porque no tenían plata.
Tanto Palacino como Sabogal prácticamente se lavaron las manos y aseguraron que todas sus actuaciones estaban ajustadas a la ley, o que, por el contrario, algunas acciones nada tenían que ver con sus obligaciones. Pero el tema que más lo molestó fueron las declaraciones de los funcionarios de la empresa Esteban Cobo, quienes le dijeron a la Fiscalía que fueron engañados por Saludcoop, ya que a la hora de tramitar los recobros, los sistemas les indicaban que las cuentas estaban a paz y salvo como lo indicaba la ley. Tanto así, que el propio Esteban Cobo, quien fue directivo de la EPS entre 1998 y 2002, le dijo a la Fiscalía: “Me enteré, entendí y conocí que fui engañado por Saludcoop al igual que las personas de mi empresa”.
El enojo de Sabogal y Palacino no se hizo esperar. El primero dijo que Cobo conocía a la perfección cómo se realizaban los trámites en la EPS y que por su rol de exvicepresidente financiero fue que se le dio el contrato para efectuar los recobros. Sabogal manifestó que el propio Cobo, en junio de 1999, fue quien emitió la reglamentación para el manejo de los cheques y que también participó de las asambleas generales que se desarrollaron entre 2007 y 2010 para aprobar los estados financieros. Frente al otro socio de la firma, Jairo Durán Buendía, Sabogal indicó que fue gerente regional de Saludcoop en Cundinamarca —la regional más grande del país—, por lo que era imposible engañarlos.
A su voz se unió la de Palacino, quien le solicitó a la Fiscalía pedirles a los funcionarios de Esteban Cobo que precisaran quiénes en Saludcoop los engañaron y por qué nunca denunciaron las irregularidades. Sabogal concluyó: “Ellos tenían el deber de verificar los procesos, la parametrización y programación de los sistemas, procesos y metodologías, como el deber de cumplir con las disposiciones legales (…) No era posible engañarlos, porque en los sistemas de información de la entidad aparecían los estados de facturación, de pagos, de giros, de transferencias, los soportes médicos, es decir, toda la documentación para su gestión.
La Fiscalía analiza correos y distintas pruebas para establecer quién dice la verdad. Mientras se echan el agua sucia entre unos y otros, la verdad para las autoridades es que ante el Fosyga se presentaron cheques con sellos falsos de ‘cancelado’. Aún quedan muchos cabos que resolver por el caso Saludcoop. Tras estos interrogatorios —realizados tres años después del escándalo—, ¿cuánto se podrá demorar el ente investigador en decidir si existe —o no— mérito para imputarles cargos a los exdirectivos?
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@santsmartinez