El CTI de Antioquia abrió una investigación preliminar por las presuntas presiones que habría recibido un funcionario del ente que hace parte del grupo que investiga los hechos que rodearon el desplome de la torre 6 del edificio Space, ocurrido el 12 de octubre de 2013 en el barrio El Poblado, en Medellín.
El investigador denunció que fue abordado por varios hombres el pasado fin de semana. En la acción lo amedrentaron para que les suministrara información relacionada con el caso materia de investigación y por el cual están siendo procesadas formalmente cinco personas.
Se busca establecer quiénes estuvieron detrás de estas amenazas y que buscaban con la petición. Los investigadores tendrán en cuenta el informe que presentó funcionario a sus superiores con detalles pormenorizados del incidente.
El pasado miércoles ante el Juzgado 13 Penal del Circuito, la Fiscalía acusó a los excuradores segundos de Medellín, Carlos Alberto Ruíz Arango y Eliney Esther Francis Llanos, como presuntos responsables de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recolectada, la Fiscalía estableció que en la expedición de licencias para la construcción del edificio se violaron no menos de 79 normas de sismo resistencia expedidas en los años 1997 y 2010. Con tales acciones Ruíz Arango habría cometido nueve delitos de prevaricato y Francis Llanos cuatro punibles similares.
Durante la audiencia de acusación en la que la Fiscalía ofreció a las partes el descubrimiento del acervo probatorio recolectado, el fallador le reconoció al municipio de Medellín la calidad de víctima en el proceso. El juez fijó la audiencia preparatoria para el próximo 27 de noviembre.
El próximo 20 de octubre próximos, el ente acusador solicitará la preclusión de la investigación por 11 homicidios culposos en favor de Pablo Villegas Mesa, representante legal de la compañía Lérida CDO; de María Cecilia Posada Grisales, directora de obras de la misma empresa y del ingeniero calculista Jorge Aristizábal Ochoa.
La solicitud se fundamenta en el acuerdo de indemnización al que llegaron los familiares de 11 de las 12 víctimas fatales que causó el desplome de la edificación ocurrida la noche del 12 de octubre de 2013.
Mientras que el próximo 11 de diciembre, ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín, la Fiscalía acusará formalmente a Villegas Mesa, Posada Grisales y Aristizábal Ochoa, por el homicidio culposo del joven Juan Esteban Cantor, cuyos familiares no han sido indemnizados por la empresa constructora.