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Investigarán a testigo que acusó a Uribe de tener vínculos con ‘paras’

Se busca establecer si el mayor (r) Juan Carlos Meneses faltó a la verdad en las declaraciones que rindió ante las autoridades.

24 de septiembre de 2013 - 04:38 a. m.
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La Fiscalía General le abrió una investigación preliminar al mayor (r) de la Policía, Juan Carlos Meneses con el fin de establecer si faltó a la verdad cuando acusó al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez y su hermano, Santiago Uribe, de tener nexos con grupos paramilitares.

La apertura de la indagación se desprende de una denuncia presentada por el abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses del exmandatario y de su hermano, quien indicó que el testigo habría mentido en sus declaraciones ante las autoridades judiciales.

En la denuncia se indica que «dicha información daría cuenta de un chantaje de este falso testigo, esto posiblemente con el auspicio de personalidades y autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, entre ellos el militante socialista Ydelfonso Finol y, al parecer, el Canciller Venezolano, Nicolás Maduro».

Según el abogado, con sus declaraciones el testigo buscaba beneficios jurídicos por parte de la Fiscalía General y otras autoridades nacionales con el fin de “lograr una rebaja de pena o la prisión domiciliaria”.

El mayor en retiro aseguró en tres oportunidades que los hermanos Uribe Vélez hacían parte de la organización conocida con el nombre de «Los 12 apóstoles».

En el informe revelado por RCN Radio se indica que la Fiscalía General además adelanta otras 117 investigaciones en contra de un grupo de personas que harían parte del llamado “cartel de falsos testigos”.

La Unidad Especial contra Falsos Testigos adelanta 110 indagaciones preliminares, siete investigaciones formales, siete mputaciones, tres medidas de aseguramiento, seis escritos de acusación y cuatro procesos archivados.

Los delitos que en su mayoría investiga la Fiscalía están relacionados con cargos como falso testimonio, fraude procesal, injuria y calumnia. 

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Según se ha podido establecer, la mayoría de investigados por estos hechos son en su gran mayoría desmovilizados, principalmente paramilitares, que buscan beneficios jurídicos.

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