El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya, porque, supuestamente, habría incurrido en los delitos de instigación a delinquir, prevaricato por acción y empleo ilegal de la fuerza pública. El senador también presentó una queja contra Maya disciplinaria ante la Procuraduría.
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Cepeda pide investigar a Maya porque, según él, habría aprovechado su condición de servidor público para cometer actos ilegales. El senador denuncia que el 2 de mayo de este año, durante el paro nacional, el alcalde de Pereira habría hecho un llamado a gremios y efectivos de la seguridad privada en Risaralda, con el fin de crear un grupo común junto con la Policía y el Ejército “para recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, según dice Cepeda.
De acuerdo a lo dicho por el demandante, “el llamado que hiciera el alcalde Maya de crear un frente común, se dio en un contexto de violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, lideresas y líderes sociales”. Según Cepeda, el llamado a estos presuntos actos “contribuyó a generar un clima adverso a la protesta social y que se constituyó en un paso previo a hechos de violencia que cobraron múltiples agresiones contra los manifestantes”.
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En su relato, Cepeda manifiesta que tres días después de las declaraciones de Maya, “personas vestidas de civil asesinaron al estudiante Lucas Villa en el viaducto Cesar Gaviria Trujillo, en la ciudad de Pereira”. Según el senador, por estos presuntos hechos, activistas y líderes del paro nacional acusaron al mandatario de promover la violencia contra los manifestantes.
Asimismo, dice Cepeda, Maya habría enviado nuevamente un mensaje a la fuerza pública de Risaralda, autorizando “dar de baja a delincuentes”. Con esto dicho, sostiene el senador, “el Alcalde como máxima autoridad de Policía de Pereira, ha dirigido su comportamiento para utilizar la fuerza pública en acciones conjuntas con particulares”. Según el demandante, en estas declaraciones “se configurarían los elementos que componen el tipo penal de empleo ilegal de la fuerza pública, contenido en el Código Penal”.
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En la acción presentada por el senador del Polo, se citan informes del Comité de Derechos Humanos de Risaralda, en lo que se reportan hechos ocurridos entre el 28 de abril y el 13 de mayo de 2021, y que da cuenta de 74 agresiones por agentes de Estado y otros sin establecer, entre homicidios; desapariciones; amenazas; detenciones arbitrarias y torturas; y detenciones con judicialización y en libertad sin imputación de cargos, acontecidos en Pereira y Risaralda.
De la misma manera, en su demanda, Cepeda sostiene que “el uso legitimo de la fuerza pública implica, entre otros factores, que esta debe ser tanto necesaria como proporcional con respecto a la situación, es decir, que debe ejercerse con moderación y con proporción al objetivo legítimo que se persiga”, algo que, de acuerdo con el senador, no habría ocurrido en Pereira. El demandante finalizó diciendo que “las autoridades no solo tienen el deber de proscribir la realización de delitos, sino que no pueden alentar su comisión”.
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