El magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, podrá continuar siguiéndole la pista a las pruebas acopiadas por la Fiscalía por el supuesto complot a los integrantes de la colegiatura, surgido tras la inadvertida visita del exparamiliatar alias ‘Job’ a Casa de Nariño luego de que una acción de tutela así lo determinara.
Con ponencia de Edgardo Villamil Portilla, la Sala Civil determinó que el togado sí podía acceder al interrogatorio practicado al ex secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, en el marco de las indagaciones del supuesto plan para desprestigiar a los magistrados.
Pese a que la Fiscalía consideraba que se trataba de material sometido a reserva, el juez de amparo constitucional sostuvo que el negar el acceso de la víctima a esta prueba y a algunas entrevistas que han servido de argumento al ente acusador para desarollar su teoría del caso, significaban una omisión a los derechos del accionante.
«La entidad accionada vulneró el debido proceso al sujeto interesado, por cuanto la información suplicada no aparece como objeto de reserva dispuesta por la Constitución y la Ley para las victimas de la eventual conducta punible, por lo tanto, al no encontrarse razón de orden legal para que la Fiscalía negara las copias pedidas, se advierte una violación que impide el ejercicio de las garantías de verdad, justicia y reparación que le asiste al damnificado”, sostuvo la Cote en la sentencia.
Hubo una reunión en el Palacio Presidencial entre Diego Álvarez, abogado de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’ y su emisario ‘Job’ con funcionarios del Ejecutivo y de Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de donde surgió el propósito conspirativo.
Conclusiones iniciales de la Fiscalía evidencian un importante grado de certeza de que fue del Castillo el cómplice del arribo del exparamilitar ‘Job’ a Casa de Nariño sin que ello fuera incluido en los registros de visitas, es decir, de manera clandestina.
Por los mismos hechos fue confirmada la apertura de investigación penal que adelanta la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que era la que se negaba a permitir el acceso del magistrado Velásquez a algunos apartes del expediente, especialmente el interrogatorio practicado a Edmundo del Castillo, objeto de la actuación del ente acusador.