El Tribunal Superior de Ibagué habría solicitado encarecidamente al Gobierno del presidente Belisario Betancourt aumentar la seguridad sobre los magistrados y sobre el Palacio de Justicia, pocos días antes de la toma ocurrida hace 25 años, sostuvo el magistrado de la Corte Constitucional e integrante de la Comisión de la Verdad, Nilson Pinilla Pinilla.
Indicó que hace poco uno de sus compañeros de Sala Plena recibió un documento que certifica que los más altos dignatarios de la Justicia en la capital del Tolima le solicitaron formalmente al Ejecutivo aumentar la seguridad, luego de las revelaciones de la prensa escrita en torno a la eventual toma que, por desgracia, sí terminó escenificándose el 6 y 7 de noviembre del 85.
“El magistrado Luis Ernesto Vargas, en la conmemoración del Día de la Vida ordenado por la Ley 1056 de 2006, estuvo en Ibagué y encontró allá un documento del 18 de octubre de 1985, suscrito por el entonces presidente del Tribunal Superior de Ibagué, Augusto Ospitia Garzón, en el cual se le pide al Gobierno Nacional aumentar e intensificar la vigilancia sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sobre el Palacio de Justicia”, sostuvo Pinilla.
Dijo que ya era de pleno conocimiento el plan del M-19 para irrumpir en el Palacio, y de ahí el reforzamiento de la seguridad que, inexplicablemente fue levantada el 5 de noviembre, sólo un día antes de ocurrida la tragedia.
“Hay dos coroneles que han mentido en torno a por qué se levantó la vigilancia reforzada del Palacio de Justicia. No hay ninguna razón legítima para que, cuando más debía haberse incrementado la seguridad, ésta hubiere sido levantada”, añadió el Magistrado.
El pronunciamiento se dio en el marco del lanzamiento del libro que ilustra el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos que sucedieron el Palacio de Justicia, dado a conocer en diciembre de 2009.
Durante el acto y, con lágrimas en los ojos, recordó el caso de Eduardo Matson, quien por la época de los hechos era una estudiante de derecho de la Universidad Externado de Colombia y que, dice, se salvó de ser víctima de desaparioción forzada por parte de agentes de la Fuerza Pública.
Él y su compañera de estudios Yolanda Santodomingo, habían sido detenidos durante la época de la toma, al ser considerados sospechosos de pertenecer al M-19; supuestamente, agentes del Batallón Charry Solano los llevaron a la fuerza a una guarnición, dodnde habrían sido torturados.