El juez 16 administrativo de Bogotá, Jaime Henry Ramírez Moreno, resolvió una acción popular sobre el tema de los bienes culturales sumergidos en los océanos colombianos y decidió conceder el amparo para ratificar que se trata de un “derecho colectivo, patrimonio de la Nación”
La decisión de primera instancia se conoce en momentos en que se abrió un debate por la suerte de cerca de 1.100 galeones hundidos en el mar Caribe colombiano desde la época de la Colonia y cuyos derechos estarían en riesgo si hace carrera en el derecho internacional el fallo que El Espectador reveló la semana pasada, en el que un juez de Tampa le concedió la propiedad plena de la nave Nuestra Señora de las Mercedes a España, sin tener en cuenta los reclamos de Perú, de donde provenían 595 mil monedas de oro y plata, ni de familiares de los muertos, entre los que hay descendientes colombianos.
Es la primera vez que un juez admite una acción popular por este tema, gracias a la iniciativa de un grupo de expertos en cabeza del PhD en derecho internacional Antonio José Rengifo, miembro del Grupo Frontera y Territorio de la Universidad Nacional.
El profesor consideró un gran paso jurídico el hecho de que un juez deje en claro que los barcos que permanecen en el lecho oceánico son patrimonio nacional. “Ahora lo que buscamos es que se declare la ilegalidad de los títulos con que la Sea Search Armada obtuvo derechos sobre el galeón San José”, manifestó al referirse al caso más emblemático, el de la embarcación hundida por los ingleses hace tres siglos cerca a las Islas del Rosario y sobre el que el juez también se pronunció.
Criticó a la Dirección Marítima de la Armada (Dimar) por haber reconocido, a comienzos de los años 80, “a la sociedad Glocca Morra Company como denunciante de tesoros y especies náufragas”. Esa multinacional se transformó en Sea Search Armada y en 2007, con base en ese título que le dio la Dimar, demandó al Estado colombiano y logró que la Corte Suprema de Justicia le formalizara derechos sobre la mitad del tesoro del galeón San José, avaluado entre cinco mil y diez mil millones de dólares.
Con esa acción, dice el juez 16 administrativo, “se amenazó el derecho colectivo al patrimonio cultural de la Nación”, aunque aclara que el peligro fue subsanado por el fallo de la Corte Suprema que dejó en claro que los bienes culturales son sólo de la Nación, pero que en el caso del San José lo que se considere tesoro debe ser repartido por mitades con Sea Search, por haber sido esa empresa la localizadora del naufragio. Es decir, la acción popular no logró que el concepto de patrimonio anulara el de tesoro.
De todas maneras, Rengifo se hace la misma pregunta que a través de El Espectador se han hecho los últimos días el historiador náutico Daniel de Narváez y el senador Jairo Clopatofsky: ¿Qué está haciendo el Gobierno para proteger el patrimonio cultural sumergido?
Este diario llamó el lunes al comandante de la Armada, almirante Guillermo Barrera, para preguntarle sobre el papel de la Dimar y sobre los patrullajes en la zona donde está hundido el San José. Para mañana prometió un pronunciamiento oficial.
La acción popular también buscaba que se declarara la violación al derecho colectivo por parte de la norteamericana Sea Search Armada y sus cinco representantes en Colombia, pero el juez consideró “no probado” el hecho. Danilo Devis, abogado de la multinacional, dijo que no hay culpabilidad alguna de su empresa y que ellos ya no dependen de ningún título de la Dimar. “Nuestro único título de propiedad, el que vamos a hacer valer aquí y ante la justicia de los Estados Unidos, es el fallo de la Corte Suprema que nos dio propiedad sobre la mitad del tesoro del San José. Eso es cosa juzgada”.
A pesar de eso, Rengifo y su grupo insistirán en la búsqueda de talanqueras jurídicas para que las multinacionales cazatesoros, de las que El Espectador informó ampliamente el domingo, no encuentren terreno abonado para sus exploraciones en aguas colombianas. Ahora podrán intentarlo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Vea los Facsímiles del fallo judicial de 118 páginas, del 1° de junio de 2009, haciendo clic AQUÍ.