Así mismo dijo que el mando militar, en todos sus niveles, está en la obligación ética y legal de acatar y respetar toda decisión de la justicia, bien sea penal militar u ordinaria.
En un comunicado el alto oficial dijo que la decisión de trasladar expedientes de la justicia penal militar a la jurisdicción ordinaria, por solicitud de esta última, es potestad única del funcionario penal militar que adelanta la investigación.
Y agrega que, ni el Ministerio de Defensa Nacional, ni el Alto Mando Militar, tienen incidencia en tal determinación. Serán las autoridades competentes, quienes resuelvan llegado el caso, posibles colisiones de competencia.
Finalmente mostró su total disposición para colaborar en el desarrollo de esta investigación, cualquiera que sea la autoridad judicial encargada del caso.
El pasado viernes la Fiscalía General de la Nación reclamó la entrega de los expedientes de dos casos que fueron remitidos al Juzgado 37 de Instrucción Penal Militar, antes que el Fiscal General, Mario Iguarán Arana, le otorgara competencia a la Unidad y advirtió que planteará conflicto positivo de competencias si no se entrega el caso a la justicia ordinaria.
Por su parte la Procuraduría inició una investigación preliminar, para determinar si miembros de la Fuerza Pública estarían vinculados a este caso de desaparición.