La contratación en tiempos de coronavirus ha estado marcada por los sobrecostos y las irregularidades en la contratación. En medio de estos matices, sobresale un contrato hecho entre la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y una empresa llamada Distribuciones EYS S.A.S. por la adquisición de elementos de bioseguridad como gafas, guantes, trajes especiales, entre otros. A pesar de que los materiales fueron adquiridos a un precio promedio, lo que llama la atención es que la razón social de la empresa no corresponde a la adjudicación del contrato. Además, la empresa tiene una disposición presupuestal de 50 millones, un poco menos de la mitad del monto por el que fue cerrado el contrato.
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De acuerdo con la matricula mercantil en la Cámara de Comercio, Distribuciones EYS S.A.S. la actividad principal de esta es “el comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción”. Las otras actividades certifican la venta de libros, periódicos y artículos de papelería. Mientras que, el contrato requirió la contratación de la empresa para la compra de trajes de bioseguridad, monogafas, guantes de nitrilo y tapabocas para los funcionarios de esta entidad Militar y Policial a nivel nacional.
En dialogo con El Espectador, Edwin Bautista, representante legal de Distribuciones EYS S.A.S., le dijo a este diario que aplicaron al contrato por medio de una notificación que recibieron al correo electrónico. Bautista afirmó que aplicaron al contrato debido a que la empresa está a fin con seguridad industrial. La empresa opera desde el 3 de noviembre de 2015 en los que, de acuerdo con Bautista, no ha sido la primera vez que han ganado un contrato de este tipo. “Con el ICA tuvimos un contrato de seguridad industrial y con la Alcaldía de Santa Fe”.
De acuerdo con el Registro Único Empresarial (RUES) la empresa si fue contratada por el instituto Colombiano Agropecuario en 2017. El contrato fue por 14.688.134 de pesos, pero no se especifica que en esta ocasión la empresa haya proveído de materiales de bioseguridad al instituto. La Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar hizo el pedido de 450 cajas de guantes de nitrilo por 100 unidades, 1.000 unidades de tapabocas de tres filtros, 300 unidades de monogafas de policarbonato y 900 trajes de bioseguridad.
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98.200.000 de pesos fue la cantidad con la cual se cerró el negocio. A comparación con las denuncias de contratos inflados, la cotización mantiene los precios promedio de cada producto. Lo que produce extrañeza es que casi duplica el capital con el que cuenta la empresa. Según la información en la Cámara de Comercio, la empresa cuenta con un presupuesto de 50 millones de pesos y se desconoce cómo la empresa cubrirá los costos operacionales para cumplir con el contrato. De acuerdo con este, las partes firmaron el 8 de abril de 2020 acordando que la empresa recibiría el pago de los 98 millones de pesos en 60 días.
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