Durante el Congreso Internacional de Justicia Penal Militar que congrega a expertos institucionales y autoridades de la comunidad académica, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, señaló que es necesario que la justicia especial para personal uniformado debe ser y parecer efectiva y tener las garantías jurídicas de las que gozan todos los colombianos.
«La eficacia de nuestra Fuerza Pública se mide por la vigencia plena de los derechos Humanos y el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar para que cada vez gane mayor credibilidad y legitimidad», dijo Rivera al señalar que el poder de las FF.MM. esta basado en un compromiso ético.
El jefe de la cartera de la Defensa dijo que mediante dos proyector de ley, se busca crear una Fiscalía Penal Militar, con jueces de control de garantías con conocimiento de ejecución de penas y un cuerpo técnico de investigación para agilizar los procesos y garantizar, «el derecho fundamental a la defensa de los miembros de la Fuerza Pública y proporcionará mejores herramientas para la defensa técnica de nuestros hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas».
Señaló que del buen funcionamiento de la Justicia Penal Militar dependen, no solamente tales garantías, sino otros aspectos que pueden llegar a afectar la operatividad, e incluso la voluntad de lucha de los militares y policías.
«Quiero reiterarlo con absoluta claridad, a los héroes de nuestra patria, debemos darles total seguridad jurídica sobre sus derechos, sobre el marco del cumplimiento de sus deberes y también sobre sus propias responsabilidades».
Finalmente, manifestó que la Justicia Penal Militar no es un privilegio de unos pocos, sino una garantía constitucional indispensable para quienes hacen parte de la institución militar y también indispensable para quienes como ciudadanos gozan de su protección.
«Eficiencia y eficacia en la administración de justicia, significan un compromiso inobjetable, con el propósito de alcanzar estándares de cero de impunidad. Que todas las conductas delictivas que eventualmente puedan ser cometidas por parte de un miembro de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, sean rigurosamente investigadas y sancionadas».