Polémicas discusiones sobre el futuro de la Ley de Justicia y Paz se generaron este jueves en el Coloquio Justicia y Paz, patrocinado por el proyecto ProFis del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, la Fiscalía General y El Espectador. Las ponencias de los invitados, entre ellos la fiscal Viviane Morales, estuvieron encaminadas a marcar las falencias de la justicia transicional en el país para encontrar formas de mejorarla. La fiscal Morales indicó: “Desde la perspectiva de la Fiscalía consideramos un reto lograr un mayor número de sentencias en Justicia y Paz. Hemos conseguido avances importantes en los casi cinco años, pero tenemos talanqueras como el recurso humano para aclarar la inmensa cantidad de delitos”. La ratificación de Morales sobre la lentitud de los procesos llegó el mismo día en que se conoció el relevo del exdirector de la Unidad de Justicia y Paz, Luis González León. El director del Proyecto ProFis, Andreas Forer, también hizo una fuerte crítica a la justicia transicional en Colombia y manifestó que “tiene muchos pasos y pautas para resolver, procesos que en un principio deberían ser simples porque empiezan con una confesión”. Por esto, manifestó que la demora en las audiencias obedece a que son demasiado “formalistas”, un aspecto que, según él, debe eliminarse para acelerar las condenas, tres hasta hoy. Una opinión parecida aportó el senador Roy Barreras, quien sostuvo: “Aunque la justicia transicional es el camino correcto, hay que ver a quién es ofrecida”. Y, contemplando una posible reforma a la ley, abrió el debate sobre la recuperación de los derechos políticos para los exintegrantes de los grupos ilegales que se hayan desarmado. Respecto a este tema indicó que la justicia transicional debería también aplicarse a militares que deseen someterse a un procedimiento de verdad, justicia y reparación. En defensa del proceso de desmovilización y la Ley de Justicia y Paz salió el director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, Miguel Samper, quien indicó que la “columna vertebral” de la ley 975 son las víctimas. Así, recordó que casi 300 mil víctimas han sido reconocidas por la Fiscalía y que ya 60 mil están activas en diferentes procesos. Samper también defendió la nueva Ley 1424, que busca beneficios para los paramilitares rasos que se hayan desmovilizado. Respecto a esto indicó que “es el único vehículo para orientar la paz”.