De tumbo en tumbo han resultado las salidas jurídicas planteadas por el Gobierno y el Congreso para darle un marco de legalidad a la desmovilización de 19 mil paramilitares rasos que entregaron sus armas en el marco del proceso de negociación con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En apretada votación 5-4, la Corte Constitucional tumbó una norma que consagraba el principio de oportunidad para estos ex integrantes de las autodefensas —que suspendía los procesos penales en su contra—, al considerar que se violaban los derechos de verdad y reparación a las víctimas.
De nuevo, como hace varios años, estos 19 mil ex combatientes quedaron en un limbo jurídico que puede convertírsele en una bomba de tiempo al gobierno Santos. Ya la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación ante la inminente posibilidad de que muchos de ellos reincidan en la ilegalidad. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA resaltó que es muy preocupante la decisión y advirtió que sobre la mayoría de desmovilizados pesan órdenes de captura por distintos delitos, lo cual podría derivar en un abandono masivo del Programa de Reintegración de buena parte de los ex paramilitares.
En criterio del ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, esta coyuntura pone en aprietos al Ejecutivo, pues la norma que consagró el principio de oportunidad para beneficiar a estos ex combatientes era la única que blindaba su proceso de desmovilización, ya que estipulaba que si los ex ‘paras’ no habían cometido delitos de lesa humanidad podrían ser procesados bajo la única condición de haber pertenecido al grupo ilegal. “Vamos a empezar hoy a analizar alternativas no fáciles, les confieso, porque en la práctica si a estas personas no se les aplica el principio de oportunidad, ni son susceptibles de indulto ni amnistía, no es descartable que algunas de ellas, como ya está ocurriendo, reincidan en delitos”, dijo Vargas.
El asunto de que estos desmovilizados tengan que reparar a las víctimas y responder ante la justicia ordinaria por el delito de concierto para delinquir agravado, podría redundar en un rearme de bandas criminales. El ministro Vargas así lo expresó y también opinó que trasladarle a Justicia y Paz los expedientes de estos 19 mil desmovilizados conduciría “a que en treinta años no haya pronunciamientos definitivos”, lo que a todas luces genera un panorama complejo en términos de congestión judicial. “Vamos a acatar la sentencia, que estas personas contribuyan a esclarecer la verdad, pero tememos que muchos de ellos regresen a la clandestinidad”.
El calvario de este proceso se inició cuando en la Ley de Justicia y Paz se incorporó un artículo que les daba la figura de sediciosos a los paramilitares. Dicho artículo fue tumbado por la Corte Constitucional y más adelante, en julio de 2007, la Corte Suprema de Justicia conceptuó que no podía equipararse el delito de concierto para delinquir bajo un ropaje político y que por tanto los delitos perpetrados por los paramilitares eran comunes. La decisión causó roncha en el gobierno Uribe, que de inmediato salió a despotricar del fallo aduciendo que éste le daba un golpe de gracia al proceso de desmovilización. Entonces el Congreso tramitó esta norma del principio de oportunidad, que de nuevo fue declarada inconstitucional por la Corte.
Penalistas reconocidos advirtieron sobre la bomba de tiempo que podría suscitar el reciente fallo. En opinión del ex viceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeau, será la administración de justicia la que afronte graves consecuencias, pues colapsará si los procesos de estos 19 mil ex combatientes son enviados a Justicia y Paz. El abogado Gerardo Barbosa señaló que utilizar el principio de oportunidad para los desmovilizados no es común, pero no es evidentemente inconstitucional. La Corte debió modular, según el penalista, la sentencia, ponerle límites, pero no declararla inexequible.
El penalista Yesid Reyes lo resumió en palabras sencillas: “Tumbar el principio de oportunidad para desmovilizados es entenderlos fuera de un proceso de paz y darles un trato de delincuentes comunes. Va a ser bastante complicado, por no decir imposible, que la Fiscalía saque adelante 19 mil nuevos procesos”. En contraste, el ex magistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba insistió en que aplicar este principio de oportunidad a los desmovilizados equivalía a disfrazar un indulto. “Por eso comparto la decisión de la Corte”. De cualquier manera el debate está encendido. En la Casa de Nariño se alista un cónclave para buscarle una urgente solución al tema y en el entretanto 19 mil ex paramilitares siguen a la deriva. Un difícil panorama que estalla cuando el Gobierno carece de un Comisionado para la Paz.