Desde finales de noviembre de 2014, en Barranquilla, algunos de los amigos del abogado Víctor Pacheco ya hablaban del supuesto soborno en la Corte Constitucional. El 17 de octubre de ese año, con una votación de 7 a 0 —dos magistrados estaban de permiso— la Corte negó la tutela de Fidupetrol que buscaba tumbar una condena de $22.500 millones, pero el fallo sólo fue notificado el 9 de noviembre. Según fuentes consultadas por El Espectador , casi de inmediato Pacheco le contó a su círculo más cercano que el magistrado Jorge Pretelt lo había “tumbado”, que Fidupetrol había pagado un dinero, que no le habían cumplido y que perdió una comisión de éxito millonaria por el fallo adverso. (Vea: El rompecabezas del escándalo en la Corte)
El cuento comenzó a circular, pero no dejaba de ser un chisme más en el festín de rumores que rodean los despachos judiciales del Palacio de Justicia. Sin embargo, el 27 de diciembre, en una reunión en la casa del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, en Barranquilla, Víctor Pacheco le contó los detalles de la presunta coima de $500 millones que le habría exigido Jorge Pretelt para “cuadrar” la famosa tutela. Pacheco y Mendoza eran viejos conocidos, con una cercanía de naturaleza prácticamente familiar. Una fuente enterada de los detalles de ese encuentro le contó a este diario que Pacheco inició así su diatriba: “¡Qué tal la bastardía de Pretelt!”
Mendoza quedó preocupado, pero sin ninguna otra novedad cayó el telón de ese 2014. Finalizada la vacancia judicial, el 13 de enero de 2015, la Corte reanudó sus actividades. Pocos días después Mendoza le contó esta historia al magistrado Jorge Iván Palacio. La siguiente en enterarse fue María Victoria Calle. Sin embargo, la historia estaba fragmentada, le faltaban detalles. El miércoles 21 de enero, Pacheco rondó la Corte intentando hablar con el magistrado Mauricio González, pero no pudo concretar la cita. Ya entonces los magistrados Mendoza, Calle y Palacio estaban inquietos por las revelaciones que podrían venir y al final de la Sala Plena de ese día, le contaron a Luis Ernesto Vargas lo que ocurría. Él les dijo que, como presidente de la Corte, estaba dispuesto a recibir la denuncia de Pacheco.
La cita se concertó para el 2 de febrero. Y allí, por sugerencia de una mujer muy cercana, Vargas grabó con su celular la charla que hoy escandaliza a Colombia. En ella, Pacheco contó que Pretelt le dijo en su apartamento en octubre de 2013 que él podía sacar adelante la tutela de Fidupetrol, que para ello necesitaba $500 millones para el magistrado González, suma que sería pagada, supuestamente, a través de su exesposa Marcela Monroy. Pacheco confesó, además, que el intermediario de este negocio chueco había sido el exmagistrado Rodrigo Escobar, amigo íntimo de Pretelt y jefe durante ocho años del hoy magistrado Luis Guillermo Guerrero. Según esa versión, Escobar manejaba el voto de Guerrero y Pretelt el de González. Por último, que Fidupetrol contrató a Escobar y que por esa vía se pagó la coima.
Vargas grabó para curarse en salud, pero jamás pensó que terminaría entregándole ese audio a la Fiscalía. Era su seguro para que González le creyera las graves denuncias de Pacheco. Al día siguiente, 3 de febrero, Vargas le contó a González lo ocurrido. Indignado, González fue directamente a hablar con el primer destinatario de la denuncia, el magistrado Gabriel Mendoza. Muy molesto, González se apersonó del tema, comenzó sus averiguaciones y, finalmente, el 27 de ese mes, después de planear un careo entre Pacheco y Pretelt que no pudo darse, denunció ante la Comisión de Acusación. Entonces fue troya y lo que siguió fue un espectáculo de acusaciones mutuas, con un Pretelt al que todos le dicen “váyase” y que siempre contesta “no”.
Este jueves 12 de marzo, arrinconado por la opinión pública, por dos ministros del gobierno Santos que le pidieron sin rodeos su renuncia y sus ocho colegas de la Corte insistiendo en que esa es la única vía para salvar el herido prestigio de la Corte, Pretelt emitió un comunicado en el que dejó la sensación de que en la Corte todos, o casi todos, tienen rabo de paja. Sostuvo que Luis Ernesto Vargas hizo una grabación clandestina e ilegal que utilizó “calculadamente en su propio beneficio para enturbiar mi elección como presidente de la Corte”, cuando su deber era denunciar estos hechos. Además, criticó que Vargas, Mendoza y Palacio no enteraran de inmediato a las autoridades sobre la versión de Pacheco y cuestionó que Mendoza ahora niegue su amistad de muchos años con el abogado barranquillero.
Pacheco, conocido en los círculos de poder de la Costa como “El embajador de Barranquilla”, por sus habilidades como lobista en las altas cortes, fue quien ayudó a financiar el encuentro de la jurisdicción constitucional que se realizó en agosto de 2012 en Barranquilla y que terminó con un exótico paseo de los magistrados de la Corte por el río Magdalena, con whisky incluido, tal y como se ve en las fotos reveladas este viernes por El Espectador en su portal web. El magistrado Pretelt insistió en su inocencia, reiteró que hay una conjura con sórdidos intereses políticos para sacarlo y le pidió al Congreso una licencia de dos meses para demostrar “la falsedad de las afirmaciones” en su contra. A muchos les quedó la sensación de que la Corte más prestigiosa de los colombianos terminó de súbito despellejándose por dentro.
Comenzaron a circular historias y entonces se supo que una familiar de Rodrigo Escobar era magistrada auxiliar de Luis Guillermo Guerrero; que en el despacho de Jorge Pretelt trabajan la esposa del exfiscal Guillermo Mendoza y la hija del exmagistrado José Gregorio Hernández; que en la oficina de Martha Sáchica labora como magistrado auxiliar Hugo Escobar —hijo del exmagistrado José Alfredo Escobar, quien le recibió unos botines a Giorgio Sale—; que en el despacho de Mauricio González está la abogada Francesca Cifuentes, hija del exmagistrado Eduardo Cifuentes; que la esposa del magistrado Luis Ernesto Vargas trabaja en la Procuraduría y que su hija fue nombrada en la Contraloría en los tiempos de Sandra Morelli; y que la magistrada Gloria Ortiz es sobrina política del magistrado Luis Guillermo Guerrero.
Todos sacándose los cueros al sol, reblujando en los pasados de cada uno de los juristas, recordando los padrinos políticos de unos y otros, mientras desfilan por los pasillos del Congreso dándole explicaciones al cuestionado representante investigador Julián Bedoya. “Es indigno que quien los interroga no tenga ni siquiera el título de abogado”, le dijo a este diario un alto exfuncionario de la Corte. A pesar de las dificultades, de los chismes rodando o de los señalamientos infames, como aquel de que “Vargas resultó tan chuzador como María del Pilar Hurtado”, tanto González como Vargas están jugados por desentrañar la verdad del capítulo judicial más escandaloso en la historia de la Corte. Y los indicios están ahí: las 13 visitas que hizo Pacheco, por ejemplo, al despacho de Pretelt en 2014.
La Fiscalía va más rápido que la Comisión de Acusación. Llamó a interrogatorio al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, a quien Fidupetrol le dio un contrato por $200 millones —después de seleccionada la tutela en la Corte—, que tenía un bono de $200 millones más si lograba tumbar el fallo de la Corte Suprema contra la fiduciaria. Víctor Pacheco señaló en sus primeras denuncias que fue por esa vía que se “legalizó” el soborno que le pidió Pretelt. El ente investigador también llamó a interrogatorio a Luis Fernando Pretelt, hermano del magistrado, y a Guillermo Caballero Lozano, representante legal de Fidupetrol. Por su parte, Mauricio González reiteró ante la Comisión lo que ya le había dicho a la Fiscalía: que en un almuerzo en febrero de 2014, Rodrigo Escobar, entonces abogado de la fiduciaria, le tocó el tema de la tutela, le contó que había pedido unas medidas cautelares y que la situación financiera de la firma era crítica. Un comentario que incomodó a González.
Son viejas las historias de confrontación entre la mayoría de los magistrados de la Corte y Jorge Pretelt. Había desconfianza para designarlo como presidente. Varios juristas recuerdan que en una Sala Plena del año pasado le gritó a la magistrada Martha Sáchica porque ésta se negó a votar por la candidata de Pretelt para el premio José Ignacio de Márquez, que otorga una beca de estudios por un año en Europa. Al final, ganó la postulada de Pretelt, pero a todos les quedó un mal sabor. Además, algunos, como el profesor Carlos Villalba, recordaban que si en otros tiempos la Corte Suprema no había elegido como presidente a alguien que se quedaba dormido con el primer whisky en las fiestas, mucho menos podían elegir en la Corte Constitucional a un hombre sobre el que pesaban varios rumores.
La historia que trajo Mendoza a mediados de enero a la Corte fue definitiva para pasar del chisme de pasillo a la denuncia. Algunos piensan que si Pretelt no hubiera resultado elegido, este escándalo se hubiera quedado en las intimidades del alto tribunal. “El costo de la supuesta traición de Pretelt a Pacheco era impedir que ese magistrado llegara a la presidencia de la Corte. El primer round lo ganó Pretelt al resultar elegido 5-4, con el voto definitivo de María Victoria Calle. El segundo lo ganó Pachecho al poner contra las cuerdas a su amigo Pretelt. Pero el nocaut se lo llevó la Corte, y la que está más tendida en el suelo parece ser la acción de tutela”, señaló un exmagistrado.
Otra fuente consultada resaltó que hasta Álvaro Uribe perdió, pues los magistrados que ternó, como un caballo de Troya, desataron el peor escándalo de ese tribunal. “Al revés —señaló otro jurista—. Uribe es el gran ganador, porque todo lo que se defina en Cuba con las Farc tendrá que pasar el examen de la Corte. Y los fallos de un tribunal bajo sospecha le sirven en su ajedrez político”. Mientras la justicia aclara la mano larga de Víctor Pacheco y de los demás mencionados en este expediente, resulta necesario precisar una cosa: el decreto que reglamentó la tutela en 1991 señala que dos magistrados de la Corte, “sin motivación expresa”, seleccionan las tutelas que deberán ser revisadas, según su criterio. “A la Corte de Carlos Gaviria y Vladimiro Naranjo le tocó esa misma norma, pero tuvieron la suerte de que no hubo un Víctor Pacheco rondando”, señaló un abogado de larga trayectoria que detesta a los lobistas, pero que defiende a muerte la tutela.
El magistrado Pretelt ha venido insistiendo en que lo quieren sacar de juego porque este año se elige al nuevo registrador. En 2007, como cosa curiosa, fue el voto del magistrado Rodrigo Escobar —íntimo amigo de Jorge Pretelt— el que definió que la Registraduría se la llevara Carlos Ariel Sánchez. Ocho años después la historia se repite, pero con Pretelt como protagonista. Hasta el 4 de marzo pasado, cuando se vio obligado a renunciar a la presidencia de la Corte, junto con los presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, debía escoger al sucesor de Sánchez. Todo indica que esa posibilidad es cosa perdida. Al fin de cuentas, no sólo perdió él. En ese torbellino en que se transformó su negativa a irse, arrastró el prestigio de la Corte. Quizá todo se resuma en una frase lapidaria de un exmagistrado a El Espectador: “La dignidad y la majestad de un magistrado equivalen a las manos del pianista. Quítele las manos y dígame qué música oímos. Quítele a un magistrado la dignidad, y dígame qué valía tienen sus decisiones”.
La selección de la tutela El 17 de octubre de 2013 la Sala de Selección número 10, integrada por Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas, escogió 50 tutelas para revisión de la Corte Constitucional. En total, 44 fueron seleccionadas de forma directa (entre ellas la de Fidupetrol, piedra angular de la polémica) y las seis restantes por insistencia de otros magistrados de la Corte. El Espectador conoció este documento de nueve páginas en el que Rojas y Palacio dejaron una reseña en la que expresaron sobre la selección de la tutela de Fidupetrol, que sólo se revisaría si a esa fiduciaria se le violó el debido proceso por no tener segunda instancia. También se dejó claro que la condena contra el exgobernador Whitman Porras no sería revisada. La Corte Constitucional y la fiesta en el planchón Uno de los episodios que puso en entredicho la versión de varios magistrados, sobre que no conocían a Víctor Pacheco, fue un evento al que asistieron en 2012 en Barranquilla y que fue auspiciado por el abogado. Se trata del Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que terminó en una fiesta en un planchón por el Magdalena. Los bandazos de Pacheco En una charla con el magistrado Luis E. Vargas, el abogado Víctor Pacheco dijo que el magistrado Jorge Pretelt le dijo que eran necesarios $500 millones para ayudarle con la tutela.
Luego, ante la Fiscalía, sostuvo algo distinto: que lo que Pretelt dijo fue que esos $500 millones eran necesarios para contratar a un “constitucionalista de quilates” para el proceso.
A pesar de las de las contradicciones, a las 7 de la mañana del pasado 11 de marzo, el cuestionado abogado de Fidupetrol tomó un vuelo a Chile con escala en Panamá. ¿Volverá?
Coletazos en la Dirección de Fiscalías de Córdoba El fiscal general, Eduardo Montealegre, tras declarar insubsistente a la directora de Fiscalías Seccionales de Córdoba, Gilma Londoño Gánem —quien apenas duró 24 meses en el cargo—, ordenó la apertura de dos investigaciones contra la funcionaria. La primera, identificar si en la contratación de distintos servicios para el funcionamiento de la entidad en Córdoba se cometieron una serie de irregulares. Y la segunda, la más importante, indagar si Londoño Gánem incurrió en el delito de tráfico de influencias al recomendar a unas personas que terminaron contratadas en el ente investigador y que serían cuotas del magistrado Jorge Pretelt. Todo se derivó de las denuncias que presentó una fuente, según personas allegadas al fiscal, de alta credibilidad, que entregó documentos que evidenciarían las anomalías contractuales y nombres de quienes supuestamente fueron puestos por Pretelt.
Otro protagonista: Escobar GilAdemás de su llamado a interrogatorio por parte de la Fiscalía, el viernes pasado el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá citó a versión libre para el 24 de marzo al abogado de la firma Fidupetrol, Víctor Pacheco, y a otro protagonista de este escándalo: el exmagistrado de la Corte Constitucional y excomisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Escobar Gil. El exmagistrado ha sido señalado como supuesto intermediario entre Pacheco y el magistrado Jorge Ignacio Pretelt. Incluso el magistrado Mauricio González Cuervo, denunciante de este caso, dio a conocer que en un almuerzo Escobar intentó hablarle sobre la tutela de Fidupetrol. En entrevista con este diario, Escobar Gil sostuvo que “el comentario lo hice porque en los despachos de los magistrados hay muchísimas tutelas. Pero en ningún momento le hice una insinuación o análisis del caso. Y tanto él como yo dijimos ‘no hablemos más del tema’. El comentario fue meramente informativo”.
“No tengo candidato a registrador”: Luis Ernesto Vargas
En el artículo “Los entretelones del caso Pretelt”, publicado el pasado 8 de marzo, se dice que el ala de los magistrados Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas tiene, como el magistrado Jorge Ignacio Pretelt, “candidato propio para la Registraduría” y que esta sería una de las razones de la división interna de la Corte Constitucional. Sin embargo, en una carta enviada a este diario, el expresidente del alto tribunal dijo que “esa información, que ya es de dominio público, está alejada de la realidad y pasa por alto hechos recientes en los que me referí a la inconveniencia de la función nominadora que el constituyente entregó a la Corte Constitucional”. El magistrado Vargas hizo referencia a varios momentos en los que ha dicho que estas funciones son “un regalo envenenado (…) En ese orden de ideas, sostener que mi intención es postular un candidato a la Registraduría, además de afectar nuestra institucionalidad democrática, siembra un manto de duda sobre mi trayectoria profesional y democrática”. El jurista rechazó esta afirmación y pidió que se aclarara.
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