Ante la Procuraduría General, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego presentó un documento de ocho páginas en el que explica el motivo de la adquisición de la denominada ‘máquina tapahuecos’ cuyo contrato tuvo un valor superior de 11 mil millones de pesos y que hoy está en mira de los organismos de control por presuntas irregularidades en su proceso licitatorio.
El mandatario distrital aseguró que en abril de 2013 tuvo conocimiento sobre la existencia de esta máquina en el marco de un evento público en la capital de la República, y el cual tuvo la asistencia del embajador de Reino Unido en Colombia. Ahí conoció las ventajas del modelo, su rapidez para tapar los huecos, hecho que motivó un gran interés de su parte para comprarla.
Sin embargo, en dicha oportunidad se le informó que dicha máquina no estaba a la venta “porque era un invento patentado”. Esto no disminuyó el interés del alcalde y en diferentes reuniones con asesores del sector Movilidad y funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial para que se analizara la viabilidad para adquirir la máquina, así como la “pertinencia de la tecnología y su aplicación en Bogotá”.
En respuesta al cuestionario, revalada por Semana.com, enviado por el Ministerio Público, Petro Urrego aseguró que después de hacerse la respectiva evaluación y analizar los pros y contras de la adquisición de dicha máquina para solucionar, en parte, los problemas de movilidad en la capital de la República. Sin embargo, aseguró, que todo el proceso de contratación fue adelantado por la Unidad de Mantenimiento Vial.
El burgomaestre aseguró que no intervino en ningún punto de los puntos contractuales ya que la UMV tiene la autonomía para adelantar este y todos los procesos de contratación. En este punto señaló que pese a que estuvo alejado de este caso si se le informó que se había celebrado “el contrato con la multinacional respetando las normas de contratación estatal”.
Finalmente el alcalde aseguró que se las funcionarias de la UMV tuvieron una “autonomía presupuestal” para realizar el estudio del caso y la celebración del contrato. (Ver Procuraduría citó a juicio disciplinario a exfuncionaria por máquina ‘tapahuecos’)
Estas declaraciones fueron solicitadas en el desarrollo del proceso disciplinario que se adelanta contra la exsecretaria general de la entidad; María Constanza Aguja Zamora, y Olga Patricia Mendoza Navarro, exjefe encargada de la Oficina Asesora Jurídica de esa Unidad, quienes le solicitaron a la Procuraduría que las absuelva en este caso ya que no se presentaron irregularidades en la contratación.
El Ministerio Público busca establecer si el contrato que tuvo un valor superior a los 11 mil millones de pesos fue suscrito de manera directa, bajo la modalidad de ciencia y tecnología, pese a que por la naturaleza real del objeto a contratar, sus obligaciones y la forma de pago, se trataba de uno de obra pública que exigía indefectiblemente de un proceso de licitación.
El pliego de cargos señala que la entonces jefe de la Oficina Jurídica para ese momento suscribió los estudios previos de la contratación directa, proyectando el 27 de diciembre de 2013 el acto administrativo de justificación de la contratación directa y revisando este contrato de ciencia y tecnología omitiendo el hecho de que era un contrato de reparación vial y era necesaria una convocatoria a licitación pública.
En este mismo proceso la directora general de la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y ordenadora del gasto habría firmado directamente el citado contrato, sin verificar previamente la evaluación efectuada, pues al parecer el proponente no cumplió con la experiencia específica exigida.