El abogado Donaldo Duica Granados, quien defiende los intereses del Gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych le pidió a la Procuraduría General que declare la nulidad del proceso disciplinario que se adelanta contra el mandatario departamental por las presuntas irregularidades que rodearon la licitación para el contrato de obra de la llamada vía a La Prosperidad.
En su argumentación ante la procuradora delegada, el jurista manifestó que el Gobernador no incurrió en una actividad dolosa e irregular durante el proceso licitatorio, rechazando los argumentos presentados en el pliego de cargos formulado por el Ministerio Público en la mañana de este viernes.
Ante esto, el abogado defensor le pidió a la representante del órgano de control disciplinario que se tenga en cuenta la declaración del director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Leonidas Nárvaez Morales y otros funcionarios y personas que participaron en este proceso licitatorio.}
La diligencia judicial fue reprogramada para el próximo 13 de enero, fecha en la cual se presentarán los elementos materiales que serán tenidos en cuenta en el juicio disciplinario contra el mandatario departamental.
El proceso
Según la investigación adelantada por el Ministerio Público, el mandatario departamental no habría tenido en cuenta las recomendaciones y alertas presentadas por diferentes organismos de control sobre los riesgos económicos y ambientales de dicho proyecto.
En este sentido se indicó que se habría hecho la adjudicación sin contar con la totalidad de los recursos y sustento jurídico necesarios para soportar el valor del objeto del proceso de selección, poniendo en riesgo al ente territorial asumiendo la carga del valor total que tuvo un valor superior a los 432 mil millones de pesos.
Para el órgano de control disciplinario el Gobernador habría vulnerado los principios de transparencia y responsabilidad que regulan la contratación estatal y la publicidad de la función administrativa cuando entre junio y agosto de 2013 adelantó y adjudicó la licitación.
En este proceso adjudicatario, señala la Procuraduría, el mandatario el pliego de cargos limitó de manera irregular la participación de los oferentes ya que con los mecanismos aplicados se propició la presentación de propuestas con precios elevados, afectando así la selección objetiva y más favorable para el departamento.
El Ministerio Público busca establecer además si el pliego de condiciones fue manipulado injustificadamente, vulnerando así los principios legales, por lo que tendrá que responder por su presunta afectación de los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.
Por estos mismos hechos son investigados el Secretario Privado Rodolfo Enrique Sosa Gómez, al Gerente de Proyectos Luis José Romero Ariza, y Asesora Jurídica de la Gobernación Claudia Janeth Orjuela Roa.