Hace tres décadas, los habitantes del departamento del Cesar fueron testigos de cómo los grupos armados al margen de la ley se ensañaron contra la población civil. Inicialmente fueron las Farc y el Eln a través del secuestro, la extorsión y el robo. A finales de los años 90 llegaron las autodefensas y de nuevo la gente del común llevó la peor parte. La familia Russo López, asentada de tiempo atrás en la región de Callao, comprensión de Valledupar, representa un ejemplo de resistencia al delito y ahora paradójicamente de clamor ante la justicia para que aclare quiénes fueron los victimarios.
La protagonista de la historia es Nancy López de Russo, una ganadera de 66 años que permanece detenida desde octubre de 2014 en la cárcel de Bucaramanga, acusada de haber aportado $10 millones a un jefe paramilitar para que un campesino de la región de Callao fuera asesinado. Al menos eso fue lo que dijo John Jairo Sánchez, alias Centella, quien está condenado por este crimen. A instancias de Justicia y Paz, Centella aceptó en mayo de 2009 su autoría material, pero sorpresivamente agregó que Nancy López había pagado a su jefe, alias 39, para que se perpetrara ese homicidio.
Hasta ahí, es una confesión más de tantas que hicieron los paramilitares ante Justicia y Paz, solo que este caso tiene un primer antecedente que la justicia no valoró en su momento. Desde principios de los años 90 y hasta después de los hechos por los que hoy está detenida Nancy López, ella o su círculo familiar presentaron sucesivas denuncias ante la Fiscalía que nunca tuvieron respuesta. Por robo continuado de reses, usurpación de tierras, secuestro extorsivo, el asesinato de su capataz David Palmera o por las amenazas y abusos perpetrados por las autodefensas.
El robo de 217 reses; la venta de 100 hectáreas de tierra al exsecretario del Senado Pedro Pumarejo, que nunca le pagaron; el secuestro de su esposo, Manuel Russo, por parte del Eln, con pago extorsivo incluido; o las presiones de las autodefensas para tratar de quedarse con sus propiedades o utilizar sus tierras para extender su proyecto ilegal. Todas denuncias documentadas y radicadas legalmente, pero sin respuesta. En cambio, la justicia en 2014, es decir, cinco años después de ser mencionada por el paramilitar Centella, se apuró para procesar a Nancy López de Russo.
La base del proceso es que, según Centella, el asesinato de Luis Miguel Pérez, ocurrido el 21 de octubre de 2003, surgió de un aporte económico de Nancy López para evadir el pago de unas obligaciones laborales. En realidad, la ganadera sí había tenido una conciliación en el Ministerio de Protección Social, pero con un hijastro de la víctima, y el argumento de Nancy López es que éste le adeudaba una cifra superior porque en 1996, en un negocio con el Incora, un grupo de parceleros se comprometió a pagar el 30 % del valor de los predios y en este caso nunca se saldó la obligación.
Lo cierto es que, más allá de las dudas, en octubre de 2014, un lunes que Nancy López acudió a la Fiscalía de Bucaramanga para averiguar por el estado de sus denuncias interpuestas desde los años 90, le respondieron con el proceso en su contra y fue detenida. Desde entonces libra una dura pelea por demostrar su inocencia. Aunque la versión de alias Centella fue desmentida por Ómar Celedón, alias Cocoliso, también partícipe de los hechos, al punto que manifestó que lo único que recuerda es que Nancy López tenía que pagar las cuotas exigidas por las autodefensas, el proceso siguió adelante.
A finales de 2015 se instaló la audiencia preparatoria en su contra por los delitos de homicidio en persona protegida, porte ilegal de armas, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Como este último cargo fue sumado irregularmente, se abrió un expediente aparte. Desde ese mismo momento empezó el viacrucis judicial. En enero de 2016 siguió la audiencia, pero empezaron los aplazamientos. Unas veces porque los funcionarios llegaron tarde, otras por exámenes de salud o por ausencia de testigos. A mediados de 2016, el caso estaba estancado y Nancy López seguía presa.
Por eso, su hijo Juan Manuel Russo interpuso un recurso de habeas corpus que fue fallado en contra. Luego ella le pidió a la Procuraduría que revisara las continuas dilaciones. A pesar de su insistencia y de innumerables cartas al presidente, el Ministerio de Justicia, organismos de derechos humanos o medios de comunicación, no fue posible que el juicio avanzara y mucho menos que alias Centella concurriera al Juzgado Tercero Penal del circuito de Valledupar, donde la defensa de la ganadera lo esperaba para resolver más de diez contradicciones de sus cuatro versiones legales.
Al final no fue posible que el exparamilitar fuera confrontado. En cambio, siguieron los aplazamientos hasta que la audiencia pudo concluir en noviembre de 2016. A lo largo del juicio salió a relucir que Centella siempre mantuvo amenazada y extorsionada a la familia López Russo. Además, la agente del Ministerio Público aportó un documento para pedir la absolución de Nancy López por las múltiples dudas del proceso. La delegada Marta Valera concluyó que la valoración del material probatorio genera dudas acerca de la autoría de la procesada en el ilícito.
Sobre la base de esta convicción y un extenso alegato de su defensa basado en las múltiples contradicciones del único testigo en su contra, Nancy López confió en que, según el Código de Procedimiento Penal, máximo 15 días después de concluido el juicio, debía conocerse el sentido del fallo o la sentencia definitiva. La sorpresa, el pasado enero, fue que el juez que tuvo su caso por más de un año se pensionó y la persona que ahora lo reemplaza pidió tiempo para conocer el expediente y tomar una decisión. Entre tanto, Nancy López completa 28 meses detenida.
En su última carta abierta, con una copia a El Espectador, Nancy López dice que ya va para los 67 años; que su esposo Mario Russo, de 69, está cada día más enfermo; que los términos judiciales de su caso están vencidos sin que pase nada y que sigue presa en la cárcel de Bucaramanga por el testimonio de un exparamilitar que siempre delinquió en la región de Callao y a quien denunció oportunamente. Por lo pronto insiste, al menos espera, cualquiera sea el sentido del fallo, que se dé una sentencia para saber si recobra su libertad o tiene que seguir defendiéndose.