El abogado Ricardo Gaviria Ramírez, quien defiende los intereses de Stephanie Lorena Romo Muñoz, una de las jóvenes capturadas hace ocho días por su presunta participación en los hechos que rodearon las protestas en la Universidad Nacional el 20 de mayo de 2014 asegura que la Fiscalía no ha mostrado pruebas contundentes.
El jurista manifestó que tras siete de audiencia la evidencia que ha presentado la Fiscal del caso «es muy pobre». En el caso de su cliente asegura que pese a que ella aparece en la casa del barrio El Tunal, en donde presuntamente se fabricaron los explosivos, con un pollo y a partir de ahí se le vincula con una investigación.
Posteriormente aparece en una de las llamadas interceptadas pidiéndole a su interlocutor que se alejen de eso porque no se debe hacer «puesto que no estaba de acuerdo con eso». Frente a lo que consideran una «pobreza probatoria» le van a solicitar a la jueza que no acepte la solicitud de cobijarla con medida de aseguramiento.
Aplaudió además la claridad hecha por el delegado de la Procuraduría General al señalar que las personas que supuestamente fabricaron y transportaron las «papas bomba» se exponen a una pena entre los 22 y 30 años de prisión, mucho más baja que aquellos que son señaladas de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Denuncian seguimientos
En la diligencia celebrada este jueves, un abogado le manifestó a la jueza 72 de garantías que existe una gran preocupación por una serie de hechos extraños que se han presentado en los últimos días.
Asegura que algunos familiares y miembros de la bancada de la defensa han sido víctimas de seguimientos. Estos hechos se vienen presentando después de las declaraciones del director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino.
En las mismas cuestionó el número de abogados que se presentan en las diligencias judiciales. «Vienen ocurriendo hechos irregulares como seguimientos hechos a una familiar de uno de los abogados de la defensa, esto se ha extendido a otros familiares y a lugares de residencia y de trabajo».
Asegura que este tipo de acciones pone en riesgo la integridad de los abogados y sus familiares por lo que solicitarán una reunión con el general Palomino para aclarar la situación y pedir que se les brinden todas las medidas de seguridad y protección.
A su tuno el delegado de la Procurauduría General le pidió a la Fiscalía que investigue estás denuncias puesto que esto podría generar afectación en los abogados defensores y sus defendidos.