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‘La Gata’ entre la clínica y los juegos de azar

La empresaria del chance Enilce López, alias La Gata vivió una semana para olvidar.

15 de agosto de 2013 - 05:00 p. m.
Enilse López, alias ‘La Gata’. / Archivo
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Un nuevo escándalo se destapó por la inminente adjudicación del contrato de concesión juegos de azar del departamento de Sucre a su empresa Aposucre y la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a 37 años de prisión por tener nexos con paramilitares y haber promovido el asesinato de Amaury Fabián Ochoa en junio de 2000, en un peaje entre Sincelejo y Cartagena.

Aún no se conoce si La Gata, junto con sus hijos, Héctor Alfonso López y José Alfonso López, se apoderarán del contrato de $6.623 millones de apuestas en Sucre. El gerente de Empresa Comercial de Juegos de Suerte y Azar (Emcoazar), Edwin Romero, confirmó que se postergó la audiencia en la cual sería adjudicada la licitación. “Estamos dándonos un tiempo prudente de dos días hábiles para analizar la situación en la cual nos encontramos”, señaló Romero, después de que hicieran eco los pronunciamientos de la Secretaría de Transparencia de Presidencia y la Procuraduría.

Cabe resaltar que la Comisión Segunda de la Cámara de representantes solicitó a la Contraloría, en julio de este año, que revisara todos los contratos de juegos de azar en la Costa Caribe para determinar si Enilce López tuvo alguna participación, porque de ser así, (manifestaron) se deberían “tomar las medidas necesarias y la responsabilidad fiscal que hubiera lugar”.

La condena de la Corte Suprema revivió la oleada de críticas que ha generado que La Gata se encuentre en libertad. López ha asegurado durante seis años que tiene severos quebrantos de salud, sin embargo, en los últimos meses se le ha visto una participación activa en política. Recientemente asistió a un acto de campaña de la excandidata a la alcaldía de Cartagena, María del Socorro Bustamante.

Ante todas estas irregularidades, el alto tribunal ordenó a Medicina Legal que realizara un examen médico a López —quien está recluida en una clínica de Barranquilla— para conocer si en realidad su estado de salud es crítico o por el contrario debe ser enviada inmediatamente a prisión.

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