A cargo de juzgar a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y a los bloques paramilitares Córdoba y Cacique Nutibara, el magistrado Rubén Darío Pinilla levantó ampolla en septiembre de 2013 por ordenar, junto a su colega María Consuelo Rincón, que se investigaran los nexos del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe con grupos paramilitares de Antioquia. En esta ocasión, Pinilla conversó con El Espectador sobre los hallazgos de su último libro: ‘El Estado ilegal’, en el que cuestiona duramente las estrategias que ha asumido el Estado para hacer la guerra y la paz con las guerrillas y con los narcotraficantes.
– En su libro, usted plantea que la guerra ha sido un instrumento del gobierno para conservar la legitimidad. ¿Por qué?
Los llamados a la guerra y a la paz han servido para que las élites conduzcan al país y obtengan un nivel de consenso o aceptación que de otra manera no tendrían. Históricamente Colombia se ha movido entre esos dos escenarios. Por ejemplo, el mandato de Andrés Pastrana implicó una convocatoria para que la sociedad se uniera en torno a la paz y luego el gobierno de Álvaro Uribe constituyó un llamado a la guerra total contra el terrorismo. En medio de ese vaivén han quedado regados los cadáveres de las víctimas.
– En el texto se señala el asesinato de Rodrigo Lara como un punto de inflexión en el conflicto. ¿Qué significó ese magnicidio para la justicia?
El Estado poco se preocupó por el narcotráfico hasta 1984, cuando se produjo el homicidio del ministro de Justicia, Rodrigo Lara. A partir de ese crimen, el presidente Belisario Betancur, que se había abstenido de aplicar la extradición, le declaró la guerra a los narcotraficantes, lo cual produjo unos resultados muy cruentos y dolorosos. El Estado de Sitio y los decretos que vinieron después vulneraron la legalidad del Estado y fueron una mera apariencia para que el común de la opinión pensara que se estaba persiguiendo al narcotráfico.
– ¿Pero ese hecho no era suficiente para prender las alarmas?
Los narcotraficantes atentaron contra un ministro, lo cual es un delito grave. Pero, ¿qué debía hacerse? Investigar y juzgar a los responsables. Esa debía ser la respuesta de un Estado legítimo. Aunque el fenómeno del narcotráfico se había enquistado en la sociedad hacía ya varios años, solo se había expedido un decreto y el gobierno no se había preocupado por combatirlo. Cuando sucedió lo de Rodrigo Lara, un fenómeno criminal se convirtió en un fenómeno político y los que llevaron la peor parte fueron los ciudadanos.
– Entonces, ¿cree que hubo víctimas de primera y segunda categoría?
El problema fue el tratamiento que se le dio a ese hecho. Lo que el Estado vio fue un desafío a su poder, a las clases dirigentes del país. La manera de responder a esa afrenta fue la guerra, que se hizo en gran parte con instrumentos jurídicos, muchos de los cuales violaron la propia legalidad del Estado.
– O sea que el Estado atentó contra su propia ley…
Muchas de las leyes y normas expedidas en esa época fueron abiertamente inconstitucionales e ilegales. El Estado, unas veces de manera franca y otras de forma más velada, atentó contra su legalidad con el fin de hacer la guerra o la paz. Por ejemplo, mientras se luchaba contra las guerrillas y el narcotráfico, se permitía la existencia de milicias, que más tarde se convirtieron en cooperativas de seguridad privada. El deber del gobierno era desmantelarlas, pero lo que hizo fue legalizarlas. En ese caso, el manejo que se le dio al conflicto condujo a la aprobación de unos instrumentos ilegales.
– ¿Es decir, que el gobierno decidió, selectivamente, a cuáles organizaciones combatir y a cuáles no?
El Estado desarrolló una política criminal y en ella hizo una selección de objetivos. En los 80 la justicia estuvo dirigida a los grupos de sicarios y a los grupos armados insurgentes. En la medida en que eso ocurría, los otros fenómenos iban quedando al margen. Eso no significa que la justicia no tuviera que investigar y juzgar los otros fenómenos, la cuestión es que el Estado los marginó de su política criminal.
– En el libro, usted afirma que desde 1989 el gobierno negó la existencia del paramilitarismo…
Ese es un tema que tiene implicaciones políticas y jurídicas. Por la forma como se redactaron los decretos en esa época, el objetivo real no eran los paramilitares, que ya existían, sino los grupos de justicia privada organizados por el narcotráfico y las guerrillas. Pero no quisiera hacer un juicio sobre la responsabilidad del Estado, porque mis funciones no me lo permiten. Lo que sí le puedo decir es que en la decisión que tomamos sobre el bloque Cacique Nutibara concluimos que los grupos paramilitares estuvieron auspiciados por amplios sectores del Estado.
– También se refiere usted a los procesos de paz. ¿Qué tan ajustados a la ley han sido esos acuerdos?
La justicia transicional tiene unas reglas mínimas, que se deben respetar para mantener la idea de legalidad, de que la sociedad se maneja bajo unas reglas. La ley debe dar siempre la idea de igualdad, y en estos procesos nos encontramos fenómenos que cuestionan esa idea. Entre 1980 y 1994 se expidieron siete leyes de amnistía, una para cada grupo guerrillero, lo que demuestra que la ley no es para todo el mundo. Así, se la convirtió en algo negociable, transable. El problema fue legislar de acuerdo a los intereses de la guerra y de la paz, según el caso.
– ¿Cómo negociar entonces con los grupos alzados en armas?
Mire, antes de 1991 estaba establecido que la Constitución solo se podía reformar a través del Congreso. Cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente eso se desconoció. Así uno aprecie los resultados de esa Constituyente, lo cierto es que reformó la Constitución por medio de un decreto de Estado de Sitio. No digo que los propósitos no fueran loables, sino que se desconoció la regla. Los acuerdos que tenemos no se han hecho sobre la base de unos mínimos legales, sino del rompimiento de la legalidad.
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