Cinco parejas colombianas se empeñaron en tener una familia. Las cinco buscaron, como fuera, procrear sus propios hijos. Sin embargo, por más que lo intentaron, la infertilidad se los impidió. Las cinco batallaron contra sus EPS, que les negaron, no solo los tratamientos que podían ayudarlos a tener un bebé, sino varios exámenes para diagnosticar sus dolencias. Ninguna se dio por vencida. Sus ganas de vivir la maternidad desde el vientre las llevó a escalar su pelea al terreno jurídico. Y allí, por fin, ganaron. La Corte Constitucional ordenó a quienes siempre las ignoraron estudiar sus casos y practicar tratamientos de fertilización in vitro de inmediato.
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Una de las parejas de este importante fallo llevaba esperando la decisión cinco años. Violeta* y su pareja, Enrique*, se conocieron hace 14 años, cuando él estudiaba ingeniería de sistemas y ella contaduría pública. Querían conformar una gran familia, pero sus planes cambiaron cuando ninguna de las pruebas de embarazo salió positiva. Intentaron, primero, conseguir ayuda por su EPS, Coomeva, para dar con la razón. “Pero nos bloquearon las agendas con los ginecólogos. Tuvimos que pagar un médico particular para que me diagnosticara”, explicó Violeta a este diario. Ovarios poliquísticos y problemas en las trompas fueron los resultados del estudio médico.
El profesional particular les advirtió que si querían tener un bebé, tenía que ser por fertilización in vitro. Y allí comenzó la otra batalla. “La EPS ni siquiera nos contestó. Presentamos un derecho de petición, pero nada. Ante ese silencio, tomé la decisión de presentar una tutela, pues en Colombia esa es la única forma para que las entidades de salud respondan”, señaló Enrique, quien, sin tener mayor conocimiento del mundo de derecho, redactó el recurso judicial. Que la Corte eligiera su caso y emitiera esta reciente decisión no estaba en de los planes de esta pareja que reside en Cali, mucho menos que sus ganas e ilusión de tener una familia se transformara en un fallo judicial que tendrá efecto sobre otras miles de parejas.
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Aunque el tema de la fertilización in vitro no es nuevo en el país, (el Ministerio de Salud lleva años tratando de regular, sin éxito, estos tratamientos médicos y conseguir el dinero para financiarlos), este nuevo fallo de la Corte es clave, según expertos, por dos razones: la primera, porque ratifica que el acceso a la tecnología científica para superar la infertilidad es un derecho de todos los colombianos, relacionado con otros como el de la libertad, la vida privada y familiar, la salud reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad. Un tema que ya se había mencionado en varias de las 17 sentencias que han abordado el tema, pero ninguna con la claridad de esta sentencia.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya había sentado el precedente cuando, en 2012, resolvió un caso en el que obligó a Costa Rica a legalizar los procesos de fecundación asistida pues, dijo, son los Estados los encargados de proteger los derechos a la vida privada y familiar, el derecho a la integridad personal en relación con la autonomía personal, la salud sexual y reproductiva, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, y el principio de no discriminación. Y la segunda razón, porque el alto tribunal propuso una serie de requisitos claves que deben cumplir las parejas para que las EPS practiquen los tratamientos y no tengan más argumentos para negarlos.
Por ejemplo, la Corte estableció que la mujer debe encontrarse en un rango de edad que sea viable, según los médicos, para el tratamiento; el procedimiento de fertilización in vitro debe estar prescrito por un médico adscrito a la EPS; para ello, deben haberse agotado los demás procedimientos y alternativas de tratamiento; no se pueden ordenar más de tres intentos; no puede haber realizado tratamientos in vitro con anterioridad; y las personas o parejas deben carecer de la capacidad económica suficiente para sufragar el costo del tratamiento, entre otros lineamientos.
Sobre este último, la Corte aclaró que ello no significa que todo el valor del tratamiento lo asuma la EPS, sino que se debe practicar un estudio para que tanto la pareja como la entidad de salud financien los costos. A este punto medio llegó el alto tribunal luego de que el gobierno Santos se opusiera a un fallo que lo obligaba a responder por todos los procedimientos. Según la administración del expresidente, cubrir la totalidad de esos costos podría resultar en un costo fiscal de $13 billones al año. Consciente de esta suma, la magistrada ponente de este expediente, Gloria Stella Ortiz, propuso “partir” el precio final, pero con una premisa clave: estos tratamientos sí son derechos que el Estado debe proteger.
“Esto es un paso para la felicidad y un ejemplo para otras mujeres y familia, para que vean que tenemos derechos y que, a pesar de las adversidades, los sueños se puede cumplir”, expresó Lorena* protagonista, junto a su esposo, Miguel* , de otra de las tutelas estudiadas por la Corte. Después de dos embarazos fallidos y una cirugía de emergencia en la que perdió sus dos trompas, los médicos les dijeron que la única opción de tener un bebé era a través de una fertilización in vitro. “El cirujano me lo dijo cuando yo estaba llorando en el quirófano antes de la operación. Me aseguró que mi útero y ovarios estaban bien y que podía buscar esa alternativa. Lo que no me dijo es que era casi imposible de pagar”, recordó.
El precio base en Colombia de estos tratamientos ronda, según Profamilia, los $20 millones, lo que muchas veces no incluye la totalidad de los medicamentos que deben utilizarse. Los precios se elevan hasta los $60 millones en centros privados y con alta reputación, lo que ha hecho que históricamente estos procedimientos solo estén al alcance de familias de estratos altos. Pero el problema no para en el precio. Según médicos expertos en fertilización in vitro, en el 35 % de los casos los tratamientos no funcionan y son necesarios por lo menos dos ciclos más de medicamentos e intervenciones. Es decir, hay que pagar estas millonarias sumas hasta tres veces para lograr un embarazo exitoso.
Con ayuda del sobrino de Lorena, Dhykarlo Urbina, un abogado especialista en derecho administrativo tributario, ellos redactaron la tutela que revisó la Corte. “Esta decisión es una muestra para que miles de familias colombianas sepan que tienen derecho a formar una familia y a tener sus propios hijos”, refirió el jurista. “¿Que qué significa que pueda tener una familia? Lo expreso con las palabras: amor, felicidad y unión. Es un sueño”, agregó Lorena. Su esposo, Miguel, por poco no la dejar terminar la frase para expresar su emoción: “Es la cereza que le faltaba al postre. La veníamos buscando desde hace mucho tiempo. Con esta decisión, nuestra ilusión de tener una familia está más viva que nunca”.
*Nombres cambiados para la protección de la intimidad de las parejas.