En un solo año, un técnico y un auxiliar administrativo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) evitaron que éste recibiera $76’614.000 de pagos de impuestos y lograron llevarse a su propia cuenta $18’630.000 de lo que le correspondía al Estado. Todo fue producto de fraudes que realizaron gracias al acceso que tenían a la base de datos del Instituto.
Para robarles al Estado y a los deudores del impuesto de valorización, Néstor Jams Villalba Mahecha y Romain Humberto Parra Ruiz tenían una estrategia bien definida. Empezaban por contactar a las personas que hubieran reclamado por la liquidación del gravamen, se presentaban como funcionarios del IDU y a continuación les hacían una oferta difícil de rechazar. Expedirían una nueva factura hasta por un 80% menos del monto inicial y luego de ser cancelada entregarían al dueño del predio un certificado de paz y salvo.
Así fue cómo el dueño del inmueble “El Corzo”, ubicado en Bogotá, pagó sólo $2’684.382, cuando lo que debía eran $9’587.077. En el caso de “Confecciones Tempus”, de la misma ciudad, el monto inicial era de $67’027.039 y sólo se cancelaron $15’946.400. El dinero pasaba directamente a los infractores. Así, tanto los dueños de los inmuebles como el IDU resultaron estafados.
Para poder hacer este movimiento, Villalba modificaba la información del terreno, por ejemplo cambiándole el estrato, y expedía una nueva factura y un certificado para trámites notariales. Para darles veracidad a estos documentos, Parra Ruiz los firmaba, aunque la única persona que tenía esta potestad era Liliana Ramírez, coordinadora del grupo de atención al usuario del IDU.
Villalba y Parra tenían acceso a la información de registro catastral de inmuebles, porque en aquel entonces estaban a cargo del servicio al contribuyente y de la expedición de facturas relacionadas con el recaudo, paz y salvos, estados de cuenta y certificaciones.
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá: “Esta práctica ilegal fue propiciada por los deudores, quienes vieron en esta oferta una manera de evadir la contribución predial”.
Fue el mismo Instituto de Desarrollo Urbano el que denunció la corrupción que se gestaba en sus propias entrañas. La acción penal la interpuso desde el año 2000 el representante legal de la entidad estatal de aquel entonces, Jaime Lombana Villalba, actualmente abogado de cabecera del presidente Álvaro Uribe.
La demanda abrió paso para que agentes del CTI del Grupo de Delitos Contra la Administración Pública entrevistaran a todo el personal y recuperaran documentos probatorios.
La condena por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, falsedad ideológica y falsedad material en documento público fue de largo aliento, pues sólo a finales de este año el Juzgado 51 Penal del Circuito emitió una sentencia.
La pena que hoy purgan Néstor Villalba y Romain Parra por perjudicar el patrimonio económico del Estado es de 18 meses de prisión y el pago de 30 salarios mínimos mensuales vigentes. Un castigo que también lograron recortar, pues antes de la apelación la decisión del juez había sido de 48 meses de prisión.