La Flip resaltó la difícil situación de los periodistas de Córdoba. Internet, nuevo mecanismo de amenazas.
De 138 casos de homicidios de periodistas cometidos desde 1977, escasamente existen cinco sentencias condenatorias contra autores intelectuales. El 40% de los casos están a las puertas de la prescripción. Estas lapidarias conclusiones hacen parte del informe anual de la Fundación para la Libertad de Prensa 2010 (Flip), que dedica su análisis central a demostrar cómo la impunidad se ha convertido no sólo en una mancha sobre la justicia colombiana, sino en una forma más de violación a la libertad de expresión en el país.
El organismo no gubernamental, creado en 1996, registró el año pasado 120 violaciones a la libertad de prensa, que dejaron 151 víctimas, entre ellas dos reporteros que fueron asesinados por razones de oficio, además de varios atentados directos a comunicadores y medios de comunicación, así como el forzoso desplazamiento interno de varios periodistas por amenazas. Como un caso especial, la Flip detalló la difícil situación para ejercer el oficio que hoy se presenta en el departamento de Córdoba.
Frente a este último aspecto, el informe resalta precisamente el caso del asesinato del director y propietario de la revista El pulso del tiempo y periodista de la emisora La voz de Montería, Clodomiro Castilla Ospino, ocurrido el 19 de marzo de 2010 en Montería. El informe advierte que si bien Castilla era un hombre controvertido, con dificultades en su vida personal, también era reconocido por sus constantes investigaciones sobre corrupción y había obrado como testigo ante la Corte Suprema en las investigaciones de la parapolítica.
Desde 2006, Clodomiro Castilla hacía parte del Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior, pero debido a que el comunicador incumplió las medidas, el esquema de seguridad le fue retirado. En noviembre de 2009 volvió a solicitar protección al Estado, pero ésta le fue negada debido a que el estudio de su nivel de riesgo dio como resultado que no tenía mayor gravedad su caso. Hoy, la investigación penal por su asesinato no ha pasado de la etapa de indagación preliminar en la Fiscalía.
El segundo caso de asesinato cometido en 2010 contra periodistas no es muy distinto. El 14 de octubre, en zona rural de Caloto (Cauca), fue asesinado el comunicador y líder indígena Rodolfo Maya Aricape. El periodista oficiaba también como secretario del Cabildo de López Adentro y hacía reportes para la emisora Radio Payumat. Era reconocido por su liderazgo en varias movilizaciones para denunciar abusos de los grupos armados en sus territorios. Su caso no ha pasado de investigación preliminar.
Cinco periodistas más fueron asesinados en 2010, pero aún se indaga si los crímenes tuvieron que ver con su oficio. El 11 de abril de 2010 en Ortega (Tolima) fue asesinado el director de la emisora comunitaria 98.0 FM, Mauricio Moreno. El 15 de abril la víctima de turno fue el fotógrafo y folclorista Arsenio Zambrano, asesinado en Ibagué. Un mes después, en Bogotá, fue asesinado el periodista Óscar Rubio. El 22 de noviembre, en el centro de Medellín fue asesinado el periodista radial Jorge Alonso Restrepo.
Víctor Julio Sánchez, un fotógrafo y periodista, resultó víctima de un atentado terrorista ocurrido el 24 de marzo frente a las instalaciones de la Fiscalía en el puerto de Buenaventura. El periodista se dirigía hacia la alcaldía del puerto cuando fue alcanzado por la onda explosiva. Cincuenta días después murió en un centro asistencial de Cali. Los cinco casos están documentados en el informe de la Flip, que también registra nulos avances en las pesquisas para esclarecer los crímenes.
Además de estos casos de violencia, el reporte advierte ciertos casos que ya empiezan a preocupar al gremio. El incremento de amenazas a través de los medios electrónicos, el hackeo a páginas web y correos de periodistas. Uno de estos episodios le ocurrió al caricaturista de El Espectador Jaime Poveda, conocido como Bacteria. El 24 de mayo de 2010, después de subir a su perfil público de Facebook una caricatura criticando las encuestas en época electoral, fue bloqueada su cuenta porque supuestamente su aporte humorístico era falso y ofendía a la sociedad.
La Flip resaltó el hecho de que la Ley 426 haya aumentado a 30 años la prescripción para casos de homicidio a periodistas; se haya declarado como un crimen de lesa humanidad, por tanto imprescriptible, el asesinato del director de El Espectador Guillermo Cano Isaza; o se haya reabierto la investigación por el asesinato del subdirector de La Patria, de Manizales, Orlando Sierra. Pero también señaló con preocupación los retrocesos en las modificaciones del Programa de Protección de Personas en Situación de Riesgo, entre ellos, de periodistas.
Si bien la Flip reconoció que el Programa de Protección del Ministerio del Interior ha contribuido a mejorar la situación de los periodistas, entre los cuales 173 fueron incluidos en 2010, aún preocupan algunas deficiencias en la implementación de las medidas de seguridad. En varias oportunidades, no sólo la Flip sino otros organismos reclamaron ante el gobierno Uribe por el cambio en las reglas de juego, pero no hubo respuesta. La organización admitió que en el gobierno Santos se advierte una apertura al diálogo para revisar estos temas.
En términos generales, las noticias para el gremio de los comunicadores no son muy alentadoras. Pero más allá de las especificidades de vulnerabilidad o el incremento de casos de acoso judicial y atentados específicos, como lo ocurrido contra las instalaciones de Caracol Radio en la madrugada del 12 de agosto, la sombra que oscurece el panorama es la impunidad. Por eso la Flip instó a las autoridades judiciales colombianas a persistir en el esclarecimiento de hechos que han silenciado vidas, arrasando de paso la libertad de expresión.