Luego de que el presidente Juan Manuel Santos divulgara este sábado el contenido de uno de los correos del computador del Mono Jojoy, donde se puso en evidencia que las Farc pretenden financiar la guerra a través de la explotación minera, El Espectador conoció que en el sur del Tolima la guerrilla ya puso a andar el negocio.
La información fue revelada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) del departamento, luego de varios allanamientos que hace dos meses realizó en 18 predios de los municipios de Ataco, Coyaima y Chaparral, en un operativo sin precedentes que se denominó ‘Caciques Ata e Ico’ y que arrojó como resultado 13 personas capturadas, quienes se dedicaban a obtener dinero producto de la actividad o explotación ilícita de yacimientos mineros.
Las primeras indagaciones dieron cuenta de que maquinaria como retroexcavadoras, buldóceres y todos los elementos que acompañan la explotación fueron traídas al sur del Tolima por mineros de Chocó, Valle, Antioquia, Córdoba y Huila, que además han ocasionado gran daño ambiental.
Según la fuente del CTI, la maquinaria fue un encargo del comando conjunto central de las Farc, en cabeza de Alfonso Cano, y la responsabilidad del manejo de la explotación del oro en el río Saldaña está en manos de Róbinson Guerrero Restrepo, alias Mauricio, cabecilla de la columna Héroes de Marquetalia y jefe financiero.
Hay alianzas entre algunos propietarios de estos predios y las Farc, según el informe.
De esta forma, son varias las máquinas (más de 80 que fueron decomisadas en el allanamiento) que pertenecen a la guerrilla y son administradas por finqueros de algunos de los 18 predios allanados por las autoridades de la región.
“Como es conocido, esta agrupación subversiva ha sido golpeada en su economía y vio en ésta (la explotación minera) una forma de reemplazar la manera de adquirir dinero con mayor facilidad, menor riesgo, en menos tiempo y delinquiendo como es su costumbre”, dice una fuente del CTI.
Uno de los predios allanados fue la finca Hato Viejo, en Chaparral, denominado por las autoridades como frente 18. A los propietarios, Mario Andrés Pineda Jiménez, originario de Zaragoza, y Luis Salazar Infante, de Bogotá, les fueron encontrados dentro de un vehículo tres recipientes con una arroba de tierra de una beta.
El CTI transportó este material hasta la mina Las Águilas, en el sector Resources, de Santa Isabel, donde existe un laboratorio legal de procesamiento de oro. Al hacer el procedimiento se logró extraer un kilo de oro. De allí surgió un lingote, avaluado en $300 millones.
Basados en lo anterior, las autoridades concluyeron que diariamente las Farc están obteniendo hasta 20 kilos de oro por la explotación del río Saldaña en Ataco, Coyaima y Chaparral. Es decir, según los cálculos, hasta $6 mil millones mensuales, de los cuales el 70% ingresa a sus arcas, pues el 30% restante se queda en manos de los operarios y finqueros como una forma de pago.
Hay otra situación por la cual las Farc también sacan dinero de la minería ilegal, y es cobrándoles la vacuna a los mineros de otros sitios donde también se realiza la explotación y hasta donde no han podido llegar a manejar el negocio.
Pese a todo esto, los capturados por explotación ilícita de yacimientos mineros y la maquinaria utilizada en la explotación ilegal de oro fueron dejados en libertad y continúan, según el CTI, actuando sin títulos mineros, sin licencias ambientales o permisos.
Pero lo peor en que para la explotación no existen planes de manejo, es decir, que algunos hacen el ‘trabajo’ teniendo solamente el permiso de exploración.
Actualmente, dos meses después de las diligencias, los mineros que se habían ido comenzaron a reubicarse en la zona, sin el control de alguna autoridad.
El CTI inició 18 investigaciones con el objeto de detener lo que denominan emergencia ambiental y de orden público nacional.
No obstante la práctica de la minería ilegal, la subversión continúa extorsionando desde campesinos hasta grandes hacendados y valiéndose del secuestro, aunque en menor proporción por la presión del Ejército.